Los casos se hicieron públicos entre el 2016 y el 2017 cuando se solicitaron varios antejuicios y hubo capturas de los entonces congresistas, contra quienes se presentaron antejuicio, y personas que habrían sido beneficiadas con esas contrataciones.
En el caso de Muadi, expresidente del Congreso del 2013 al 2014 y electo por el extinto Partido Patriota, se le señala de la contratación irregular de un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo SIS, integrado por 30 agentes.
Además, había más personas particulares que cobraban entre Q5 mil y Q20 mil mensuales en el Congreso, pero nunca fueron a trabajar.
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Estas personas, según la investigación del MP estarían a disposición de Muadi, pero laborando en empresas de su propiedad.
El otro caso involucra a toda la Junta Directiva del Congreso, presidida por Rabbé, entre el 2015 y el 2016.
Tanto Rabbé como Arístides Crespo, César Fajardo, Edgar Cristiani, Manuel García Chutá y Carlos López, Selvin García, Julio César López Villatoro –hermano de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis-, Carlos Herrera y el exdirector general del Congreso, Luis Mijangos.
También se señaló por el caso al hermano de Rabbé, el diputado Alfredo Rabbé.
Todos fueron señalados por el MP y la Cicig de integrar una red para crear plazas fantasma en el Congreso, señalados de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.
Por este caso fueron sindicadas otras 60 personas, señalados de peculado por sustracción.
A Rabbé, el MP lo señala de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, al autorizar la contratación de 13 personas para su despacho, además de permitir otros 164 nombramientos de personas que no cumplían con el perfil del puesto a desempeñar.
El diputado perdió la inmunidad el 18 de agosto del 2016, pero dos días antes salió del país hacia México y luego a Nicaragua. Fue capturado el 23 de julio del 2018 en México.
A Crespo se le señaló por peculado por sustracción, nombramientos ilegales y abuso de autoridad debido a que, durante los primeros días de enero del 2015, a poco de entregar el cargo como presidente del Congresos, autorizó el nombramiento de 87 personas, en el renglón 022, para los integrantes de la Junta Directiva que estaban por finalizar su gestión.
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En otro caso, el 10 de noviembre del 2016, el MP trasladó a la Corte Suprema de Justicia una denuncia de la Contraloría que señalaba a Rabbé, Crespo, García Chutá, López y Fajardo, por irregularidades en la contratación de 180 personas.
Por estos casos hay sentencia condenatoria en contra de José Estuardo Blanco Aguilar y Claudia María Bolaños Morales quienes se abrían beneficiado por las plazas fantasma en el Congreso, fueron condenados a 11 y 17 años de prisión inconmutables.
Además, la Unidad Nacional de la Esperanza pidió la renuncia de los diputados Fajardo y López debido a los señalamientos en su contra.
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