Ante el interés de varios senadores y congresistas estadounidenses por las acciones de la Cicig, yo les propongo que si realmente desean fiscalizar el uso de los recursos de los tributarios de su país y evitar los abusos de poder, establezcan un sistema de supervisión al que los funcionarios de la institución deban rendir cuentas y a donde los guatemaltecos que consideren que se han violado sus derechos puedan abocarse.

Si bien es cierto la acción de la Cicig ha sido un parteaguas en la persecución de algunos corruptos que muy probablemente seguirían en su actuar de no ser por esa participación, tampoco podemos obviar el hecho de que en ese actuar se han cometido abusos. Lo cual era de esperar —y algunos pocos lo venimos advirtiendo desde hace más de 15 años— ya que con la excusa de que los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” eran muy poderosos, se puso a los funcionarios de la Comisión por encima de la ley. Desde que fue planteada en su versión inicial, yo he argumentado que esa inmunidad se iba a prestar para abusos de poder.

La inmunidad a la que me refiero está en el artículo 10, inciso (b) del Acuerdo para el establecimiento de la Cicig, el que indica que todo el personal internacional de la comisión disfrutará de “inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la Cicig”. Esto sumado a otros privilegios e inmunidades propias de “funcionarios de la ONU” y, en el caso del comisionado, diplomáticas. En otras palabras, pueden hacer lo que sea sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin temor a ser acusados y mucho menos llevados a juicio y para ajuste de penas, mantienen esa impunidad de por vida. Por si eso no fuera suficiente, el acuerdo establece que la Comisión es “absolutamente independiente” y que ni siquiera es un “órgano de las Naciones Unidas”.

Si algo hemos aprendido de la historia —¿o tal vez no?— es que cualquier persona que detente poder sin una estructura de control que verifique su actuar, tarde o temprano caerá en la tentación de abusar de ese poder. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían esto tan claro que se cuidaron de establecer un régimen republicano con un efectivo sistema de pesos y contrapesos para evitar que alguien llegase a concentrar tal cantidad de poder que abusara de él en contra de los ciudadanos. Es gracias a esos pesos y contrapesos que, indistintamente de si ha habido buenos o malos funcionarios a lo largo de ya casi 250 años, el sistema se ha sostenido y los ha llevado a ser la república que hoy son.

Ya que a nosotros nunca se nos quiso escuchar a este respecto pero el tiempo nos ha dado la razón, considero de vital importancia que ahora que este tema ha cobrado relevancia en el Congreso estadounidense, aunque tarde, se establezca una estructura de control y supervisión para evitar los posibles abusos de poder.

Así que les solicito a los senadores y congresistas estadounidenses, en especial a quienes se han expresado sobre este tema, como los senadores Marco Rubio, Mike Lee y Roger F. Wicker y el Congresista Christopher H. Smith, que propongan el establecimiento de una comisión parlamentaria que supervise las actuaciones de los funcionarios de la Cicig, a la que los ciudadanos guatemaltecos que consideren que se haya violado sus derechos puedan presentar sus denuncias. Como bien lo han dicho, ustedes tienen que velar porque los fondos de los tributarios estadounidenses se utilicen de manera adecuada y esta sería la mejor manera de hacerlo.

Fb/jjliber