Cuando vemos un titular así, pareciera que es muy sencillo.  En la práctica, aun y cuando somos un país pequeño, la diversidad existente en Guatemala presupone retos importantes sobre cómo atender las necesidades desde diferentes formas de pensar, culturas, niveles de educación, diversos niveles de exposición a la violencia, desigualdad en cuanto a activos con los que cuenta cada persona y con una población que, en su mayoría, lejos de poder opinar sobre estos temas, todos los días debe enfocar su tiempo a trabajar para subsistir y generar ingresos suficientes para ellos y sus familias, precisamente por la ausencia de un Estado que fomente mayor productividad.

Tomando como base las publicaciones de Kathy Lindert, economista jefe del Grupo del Banco Mundial, Fundesa generó una metodología para evaluar los componentes a incluir en una definición de desarrollo, con tres ejes fundamentales: cómo reducir vulnerabilidades, cómo crear oportunidades y cómo fortalecer las instituciones.

La evaluación que comenzó con un seguimiento a diferentes índices por parte de varios profesionales resultó en una modelación normalizada, con una escala continua de 0 a 100, para integrar diferentes índices internacionales que toman en cuenta los ejes mencionados. El Índice de Desarrollo Sostenible es entonces una herramienta muy práctica para evaluar, con base en evidencia, la sostenibilidad de los esfuerzos para el desarrollo de varios países.

La información recopilada toma insumos de diversos indicadores de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Instituto Brookings, PNUD, la universidad de Yale, Visión para la Humanidad, el Foro Económico Mundial, la Alianza para los derechos de la propiedad privada, Fundación Heritage, Foreign Policy, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, la Fundación Bertelsmann y Transparencia Internacional.

El análisis para América Latina muestra que países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú tienen instituciones públicas que han permitido generar mayor desarrollo sostenible. En el caso de Guatemala, tenemos una evaluación de 50.59 puntos sobre 100 en el índice de desarrollo sostenible 2017, dividido en 53.7 puntos para las variables que permiten reducir vulnerabilidades, 56.7 en las que evalúan la creación de oportunidades y 41.3 puntos en aquellas que fomentan el fortalecimiento de las instituciones.

Está claro que desde el 2015 Guatemala ha hecho un cambio positivo en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esto no se ha materializado en leyes que ayuden al país a seguir fortaleciendo sus propias instituciones públicas. Reformas importantes a leyes como la de Servicio Civil, la ley Electoral y de Partidos Políticos, la ley de contrataciones del Estado, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la ley orgánica del Organismo Judicial, reforma al Código Penal y a la ley de probidad, se han quedado estancadas sin los consensos necesarios que permitan apoyar a que las instituciones públicas garanticen mejores servicios a la población y una justicia pronta y cumplida.

Garantizar un Estado en el que todos los guatemaltecos tengamos derechos y responsabilidades implica varios procesos de diálogo para generar los consensos necesarios a través de los propios partidos políticos e ir creando mecanismos institucionales que nos permitan avanzar hacia acuerdos mínimos que garanticen instituciones políticas más fuertes e incluyentes, con reglas de juego que se mantengan a lo largo del tiempo y que apliquen a todos.

@jczapata_s