El gobierno de Jimmy Morales y el partido FCN-Nación, al igual que el del partido Patriota, debe ser reconocido por los ciudadanos como una estructura criminal que ha cooptado el poder público por la vía de las urnas con el objetivo de impregnar su agenda —de corrupción e impunidad— en leyes, decretos, políticas, entidades públicas y espacios internacionales.

Las noticias y los procesos de investigación del Ministerio Público nos alertan que esta gavilla utiliza el poder conferido por el pueblo para conseguir ventajas económicas y penales, tanto para ellos como para sus aliados, por medio de bonos, negocios con la administración pública, exoneraciones de impuestos y cuotas de impunidad, entre otros. Todo esto mientras mezclan en su discurso un fundamentalismo religioso y militar rancio, con el objetivo de obtener cierta simpatía frente a la población menos reflexiva de un país con muy poca educación y mucha hambre. Mencionan a Dios en todos sus actos públicos, se regodean igual con la Alianza Evangélica de Guatemala que con los militares, a quienes les han dado prioridad en el presupuesto de la Nación.

Otros actores de esta estructura criminal son fuerzas oscuras que llevan a cabo campañas de desprestigio, con una narrativa propia de la guerra fría, contra movimientos y organizaciones sociales, medios de comunicación, jueces y fiscales, cooperantes, Procuraduría de Derechos Humanos y contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Las recientes muertes de líderes campesinos deberán ser investigadas en este contexto de polarización y violencia que el gobierno de Morales está cimentando.

Está siendo de gran ayuda para este gobierno, cierta parte de la élite empresarial que, por un lado, anuncia la puesta en marcha de programas de formación en transparencia y anticorrupción y por el otro le dan espaldarazos al gobierno ante acciones que reafirman su carácter antidemocrático, como el vergonzoso anuncio de pedir el retiro de los embajadores de Suecia y Venezuela. A esto se agrega el apoyo por Q15 millones que de manera ilícita le dieron algunos empresarios durante la campaña electoral.

A nivel internacional, desconocidos financian un trabajo de cabildeo en Estados Unidos, con dos objetivos: limpiar el sucio rostro al gobierno de Morales y manchar la labor de la Cicig. Los testaferros del primer cabildeo, por Q14.4 millones, fueron los diputados Jaime Regalado —ahora embajador en Nicaragua—, Óscar Quintanilla, Julio Lainfiesta y Fernando Linares Beltranena. Este último reconoció que el dinero provino de empresarios, pero no quiso dar sus nombres. Un cabildeo más reciente, también anónimo, por 960 mil dólares, ha permitido a Morales platicar 15 minutos con Donald Trump. Con el afán de ganar aliados el gobierno trasladó a Jerusalén la embajada de Guatemala en Israel, contrariando resoluciones de Naciones Unidas. Probablemente Morales quedará bien con Benjamín Netanyahu, el gobernante israelita, también señalado de corrupción, pero ha agregado más piedras al difícil camino hacia la paz entre israelíes y palestinos.

Hoy, la sociedad libra una batalla contra la corrupción y la impunidad. Los criminales están haciendo su esfuerzo para ganar, adentro y afuera de Guatemala. La gente honesta debe advertir todo lo que está en juego. Toca indignarse, tomar postura por la justicia, organizarse, salir a las calles, ayudar a construir una agenda colectiva e involucrarse en la vida política. El gobierno de Morales debe ser el último engendro nacido de la prostitución de lo público y lo privado.

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