Crece el número de migrantes retornados a los países del Triángulo Norte de Centroamérica

La migración irregular -que se da cuando las personas salen de sus países por vías no legales- es difícil de cuantificar porque es clandestina. Por ello, y para poder llevar un registro lo más certero posible, se contabilizan los retornos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre enero y octubre de 2019, el TNCA reporta 217,981 personas migrantes retornadas lo que implica que las deportaciones a estos tres países muestran un incremento del 32 por ciento a lo registrado en el mismo período en 2018. En mismo sentido, las deportaciones provenientes de Estados Unidos han subido en 21 por ciento y las que vienen de México en 42 por ciento.

La lucha contra la migración irregular

Con base en esos números, y luego de la llegada de distintas caravanas de migrantes, la administración del estadounidense Donald Trump firmó sendos acuerdos en 2019 con los gobiernos de Nayib Bukele (El Salvador), Jimmy Morales (Guatemala) y Juan Orlando Hernández (Honduras) con la idea de dar respuesta a “una crisis humanitaria y de seguridad en curso en la frontera suroeste debido a niveles históricos de migración irregular y tráfico humano”.

Para ello, según la Casa Blanca, se buscaría “permitir a las personas migrantes pedir protección en la región”, es decir fuera del territorio estadounidense. Además, se enfocarían en combatir el accionar de los traficantes de personas, también conocidos como “coyotes”.

“Este es un tema muy complejo porque los gobiernos, tanto de México como los de la zona norte de Centroamérica, se doblegaron a los intereses de Donald Trump”, explicó a DW el director de la Casa del Migrante en El Salvador y Guatemala de los Misioneros de San Carlos Scalabriniano, Mauro Verzeletti. Los Scalabrinianos cuentan con una red de 130 Casas del Migrante y Centros de Atención a Migrantes, ubicadas desde la Patagonia hasta la frontera entre México y Estados Unidos, para “dar ayuda humanitaria a las personas en tránsito y a las deportadas”, detalló el cura. Solo entre Guatemala y la frontera norteamericana hay siete de estas casas. A una de esas llegó Erwin José Ardón, el primer migrante hondureño que fue trasladado a Guatemala en el marco de los acuerdos firmados entre EE. UU. y el TNCA.

“Este es un procedimiento bastante confuso desde Estados Unidos porque él (Ardón) ni sabía dónde había llegado. Es bastante complejo porque las personas tienen derecho a la información y el conocimiento de lo que va a proceder con ellas”, agregó el sacerdote. “El problema es que el primer paso, cuando se traslada a una persona a un tercer país, es que tiene que brindarle toda la información y (viajar a otro país que no es el propio) tiene que ser una decisión de la persona”, añadió Verzeletti.

El joven hondureño de 23 años viajó de forma irregular con un grupo de amigos rumbo a Estados Unidos. En su ruta, fue detenido en El Paso, Texas, donde solicitó asilo. Sin embargo, y bajo los acuerdos firmados, fue enviado a Guatemala como una alternativa. Ardón declinó permanecer ahí y regresó a su natal Honduras.

Las caravanas versus los coyotes

“En el TNCA, aparentemente ha habido un nivel elevado de personas desplazadas internas y un nivel elevado de personas migrantes.  A nivel de cada uno de los Estados, no hay datos oficiales (de desplazamientos internos) que den una caracterización de las víctimas”, dijo a DW la subdirectora de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti. “Nosotros lo que hemos logrado ver es que hay un vínculo estrecho entre la migración irregular y el desplazamiento interno forzado. Usualmente, las víctimas que están huyendo de la violencia, antes de migrar hacen un desplazamiento previo y, cuando son retornadas, no pueden regresar a sus comunidades de origen”.

Montti asegura que las caravanas de este año responden a que quienes migran no solo huyen por razones económicas sino también por cuestiones de inseguridad y escogen ese medio porque “el costo de la migración irregular, del famoso coyotaje, es bien elevado por persona”, por lo que prefieren “utilizar como un medio de transporte -donde se pueden ocultar dentro de un grupo grande de personas- a las caravanas”.

Por su parte, la jefa de la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilegal y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República de El Salvador, Violeta Olivares, aclaró a DW que “se ha determinado por investigaciones que, (solo) en El Salvador, se identifican precios por estos viajes irregulares que oscilan entre los 7.000 hasta los 12.000 dólares, porque ofrecen a las personas viajes ordinarios e incluso viajes especiales (…) Un factor cultural que, de alguna manera sigue persistiendo en Centroamérica, es que todavía en la actualidad la figura del coyote se identifica como ‘alguien que puede ayudar’. Pero también es de reconocer que la población está identificando que (los coyotes) son personas que son parte de estructuras criminales con vínculos a nivel regional o internacional y que ven a otros seres humanos como un objeto o como mercancía con el propósito de obtener de ellos la mayor ganancia posible”, dijo Olivares.

“Hace un año, las caravanas se han dado tanto de salvadoreños, hondureños como guatemaltecos. Nosotros, desde las Casas del Migrante en Guatemala y Tecún Umán, hemos acompañado a las personas en este drama humano con ayuda humanitaria. Es una situación muy compleja que están viviendo estas personas. Sabemos que los grandes ejes que han empujado a que las personas salieran de forma masiva en las caravanas son la pobreza y  la violencia. En la región norte de Centroamérica es insoportable vivir y, cada vez más, crecen las políticas de exclusión y de marginación, sumado todas las estructuras criminales que operan en la región”, puntualizó el sacerdote Scalabriniano.