Uno de los mayores problemas cuando se está al frente de cargos públicos de trascendencia es carecer de conciencia sobre la enorme responsabilidad que conlleva la investidura, y esto se agrava cuando la problemática rebasa esas limitaciones y los temas sobre asuntos domésticos trascienden fronteras, como es el caso del delicado manejo de las relaciones internacionales, terreno en el cual Guatemala está dando preocupantes muestras de ignominia.

En ese agobiante cuadro se encuentran quienes desde el Ejecutivo tienen la responsabilidad de conducir de manera armoniosa las relaciones con otras naciones y que al estar incurriendo en lamentables yerros han debido recibir correctivos que nos avergüenzan a todos. El mayor responsable de esos desatinos es el presidente Jimmy Morales, quien no parece comprender su enorme responsabilidad.

Buena parte de la problemática se explica porque es obvio que el mandatario no comprende el alcance de algunas políticas, y cuando eso se une a la perversidad de quienes lo manipulan, se producen errores mayúsculos, como el poner en juego todo el andamiaje jurídico, pero también porque aflora el abuso de los cargos.

El revés que le propinó la Corte de Constitucionalidad, el pasado mes de agosto, cuando evitó la expulsión del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no parece haber servido, y ahora una nueva resolución, en parecidos términos, le vuelve a corregir la plana a Morales y le señala los artículos de la Constitución que debe comprender para dirimir los diferendos diplomáticos.

Uno de los más importantes es el artículo 1 del Capítulo único, al estipular que “el Estado se organiza para proteger a la persona humana y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Esto quiere decir que el presidente y su actual canciller deben dejar de estar manipulando la política exterior con propósitos personales o para buscar el beneficio de quienes todavía no aceptan el irreversible avance contra la corrupción.

En su parte conducente, la resolución de la Corte frustra el nuevo intento de Morales por expulsar a otro diplomático y le advierte de que debe obedecer lo establecido en al artículo 149 de la Constitución, que señala que las relaciones internacionales deben conducirse bajo un marco de respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos democráticos, en un marco de amistad y buenas intenciones, las cuales están notoriamente ausentes ahora.

Es obvio que en este gobierno sigue existiendo una falta de comprensión de importantes asuntos de Estado y por ello se incurre en exabruptos como el de pretender que un ministro, bajo un extraviado criterio, pretenda ser el máximo rector de la política exterior, cuando la Constitución es clara en asignar esa tarea al presidente de la República.

Este nuevo caso, que constituye una nueva muestra de estulticia gubernamental, deja también en mal predicamento a la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, quien no logra desprenderse de la dependencia con el Ejecutivo y una vez más da muestras de querer forzar la doctrina con el único objetivo de quedar bien con quien la nombró en esa instancia.