Los desafíos que la última semana ha traído al Gobierno han superado una vez más sus capacidades. Bastaría un poco de sentido común para enfrentar desde otra perspectiva la problemática e ir dando a la coyuntura respuestas que lleven mayor aliento a los ciudadanos. Sin embargo, eso no parece ser ni fácil ni comprensible para un liderazgo alicaído, encerrado en una posición caprichosa ante la crítica.

Causa mucha alarma entre los observadores la falta de sentido común exhibida por el Gobierno, sus asesores y otros órganos de poder, ante las medidas que la lógica más elemental sugiere. Bastaría hacer los cambios necesarios para reducir el rechazo a una gestión de casi nulo equilibrio político y cuyo destino incursiona en la incertidumbre. Dentro de esa compleja coyuntura también se da un penoso aporte por parte de la mayoría de integrantes del Congreso.

Cada vez es más difícil aceptar la presencia de los diputados en el escenario político nacional. A su tradicional pésima imagen se suman desatinos inexplicables cuya única interpretación empuja a un mayor rechazo. El nuevo intento por modificar la ley contra el financiamiento electoral ilícito para beneficiar a una dirigencia desfasada, mientras el país aún no se recupera del drama del Volcán de Fuego, es una invitación a que el descontento popular y mediático aumente en forma exponencial.

El primer valladar que deberán sortear quienes persisten en esa obtusa pretensión es separar a los diputados que tienen conflicto de intereses en el impulso de esa iniciativa, porque claramente la más elemental ética los obliga a dar un paso al costado en un proyecto que les atañe y que, en consecuencia, cualquier aprobación que les favorece los inhibe de continuar participando en una ley que está condenada al fracaso.

Quien haya propuesto abordar ese tema en esta coyuntura debe comprender que le falló el cálculo al tratar de aprovecharse de un momento en que los guatemaltecos extienden su mano solidaria a las miles de víctimas de la erupción volcánica, porque una vez más aflora en el Congreso una conducta mezquina y oportunista.

Esto se une al triste episodio protagonizado en el hemiciclo cuando el oficialismo y sus adláteres se negaron a desaforar al flamante ministro de Ambiente, luego de una desastrosa y casi cínica interpelación. El Congreso debió dar el voto de desconfianza al funcionario, pues al no hacerlo solo empañó más la imagen del presidente Jimmy Morales, quien carga con el desprestigio de un gobierno que se resiste a la depuración.

Dejar impune al criticado ministro Alonso genera un efecto profundamente negativo contra el Ejecutivo, porque ahora ha tenido que salir el Gobierno a respaldar al encargado de una de las carteras estratégicas para la coyuntura nacional y cuando Morales enfrenta una crisis de dimensiones mayores y que evidentemente está tratando de manejar con recursos políticos y administrativos precarios.

Es inadmisible el manejo que hasta ahora se ha hecho de esta nueva crisis, pero también que en medio de un drama nacional los diputados quieran aprovechar para pasar leyes que solo profundizarán la coyuntura política nacional. Los congresistas deben comprender que ni son populares ni son impunes.