Hace dos semanas dimitió el jefe de gobierno español Mariano Rajoy, tras una moción de censura que obtuvo una abrumadora votación en su contra en el parlamento español. El caso otorga a Guatemala una lección en cuanto a la fuerza que deben tener los jueces, que incluso han llegado a sufrir presiones de las más altas autoridades por actuar de manera independiente y correcta.

Rajoy fue relevado luego de una investigación de nueve años contra la corrupción y financiamiento político irregular que involucraba a su partido. El caso es un referente en la historia jurídica internacional.

En febrero del 2009, el juez Baltazar Garzón inició la investigación de un grupo de empresarios en el financiamiento del Partido Popular en Madrid y Valencia. Lo encabezaba el empresario Francisco Correa, condenado a 51 años de cárcel, y dos funcionarios de dicho partido, cuyas condenas suman 300 años de cárcel por financiamiento ilícito, tema que en Guatemala apenas comienza.

Con el paso de los años y en buena parte gracias a ese respaldo espurio, el PP y Rajoy llegaron al poder, del cual debió salir cuando los tribunales evidenciaron lo ocurrido, indispensable de aclarar sin comprometer el rumbo del país. El eje central de esta trama es la valiente y rigurosa acción de Baltazar Garzón, el icónico juez español quien promovió el arresto de Pinochet en Londres, dirigió la defensa de Julian Assange, ayudó a desmantelar a la ETA y desarrolló la primera y más importante etapa de investigación contra el mencionado financiamiento político ilegal del PP.

La fortaleza procesal y probatoria observada por el juez Garzón desde el inicio permitió que su trabajo y el de otros dos jueces respetara el debido proceso y no tuviera retroceso alguno, buscando la justicia mediante la correcta aplicación de la ley.

Garzón es todo un referente mundial de la lucha anticorrupción. Cuando fue juez, se elevó muy por sobre otros administradores de justicia del mundo hispanoparlante porque, es de reconocerse, desarrolla su trabajo escrupulosamente dentro del modelo español.

Esos tribunales pueden preciarse de ser cuidadosos con los alcances de sus decisiones y observadores de los debidos procesos. Con un entorno jurídico de ese nivel, los procedimientos se respetan para que la justicia no sufra distorsiones, tanto de forma como de fondo, y la corrección procesal sea una garantía plena para quienes son sometidos ante el escrutinio legal en España.

Es necesario hacer hincapié en el peso del trabajo de Garzón y la continuidad que le dieron a ese esfuerzo los también jueces Antonio Pedreira y Pablo Ruz. Es un tema de compromiso con la justicia y la certeza de que esta es parte de un entorno institucionalmente sano y fuerte. La política no es preocupación, feudo ajeno ni excusa para imponer o empañar la ley. Bajo este entorno, la sociedad puede confiar en que su futuro está al resguardo de la ley.

El mundo debe observar con detenimiento este caso, que terminó con el gobierno de Rajoy. Es una escuela de lo que debe ser la lucha contra la corrupción, y de lo que un sistema institucionalmente sano puede hacer para depurarse. Guatemala debe tomar nota, porque en este momento hay insatisfacción y dudas por la integración y por muchos fallos de las máximas cortes del país.