De acuerdo con Hobbes y quienes lo han seguido, incluyendo a algunos de los que pertenecen a la “Escuela de Virginia”, el Estado debe ser el más fuerte de todos. Nadie debe poder rivalizar en poder con el Estado, pues, claro está, la única manera de conseguir evitar que ciertos miembros de la sociedad, siendo más fuertes que otros, abusen de su mayor poder es que haya otro todavía más poderoso que frene e impida los abusos. Y ese es el Estado.

Pero, por supuesto, salta la cuestión de ¿y si el propio Estado abusara de su poder, quién defiende a las víctimas del abuso? Y ahí surge la famosa fórmula de Montesquieu, de que sea el poder quien detenga al poder: Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. (https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Montesquieu_-_Esprit_des_Lois_-_Tome_1.djvu/316).

Para que eso sea posible, se requiere que todos los organismos del Estado tengan el mismo poder. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial han de tener igual porción del poder del Estado, de modo tal que se limiten entre sí, cuando cualquiera de dichos organismos pretendiera abusar de su poder.

Bueno, hasta ahí, el “ABC” de la Teoría del Estado que, mal sintetizado en la píldora que antecede, me lleva al planteamiento de la tesis siguiente: como en la Constitución de Guatemala el Organismo Judicial es débil en comparación con los otros dos organismos del Estado, estos últimos tienden a abusar sus poderes y eso conlleva, además, que a los grupos de presión o de interés especial y a los que actúan al margen de la Ley les interese “invertir” en esos dos organismos. Esto ocurre de diversas maneras, unas lícitas, otras no.

Cuando un grupo de presión —como un sindicato, por ejemplo— o cuando un grupo de interés especial —como una gremial, por ejemplo— consiguen adquirir poder indirecto, se “fabrican” ventajas o privilegios a su favor. Esto suele ser un abuso de poder que todos los demás ciudadanos y sus organizaciones, pagan. Sea en impuestos, sea en forma de más deuda pública, sea soportando cargas que a los beneficiados se les exonera, los demás pagan el coste de los privilegios o ventajas abusivas conferidas. Ahora bien, cuando un grupo ilegal adquiere poder indirecto, el producto es uno y se llama “impunidad”.

Y el punto está en que, a menos que el Organismo Judicial llegue a fortalecerse, de modo que pueda limitar los abusos de los otros poderes del Estado, las mayorías desorganizadas no tendrán más opción que seguir pagando el coste de los privilegios y la impunidad, o salirse del sistema. Es decir, emigrar a la informalidad económica.

Esta situación no comenzó ayer. El Organismo Judicial ha sido considerado, como suele decirse, “la Cenicienta del Estado”, desde hace décadas. Pero en mi opinión las reglas de la Constitución del 85 profundizaron el proceso pues, como he dicho antes, negaron a jueces y magistrados las garantías básicas de la independencia judicial, cimiento de la imparcialidad en el juicio. Pero esto tiene solución. Hay varias iniciativas de reforma de la Constitución y la última se refiere, específicamente, al Poder Judicial. Ha sido, cómo ignorarlo, motivo de muchas críticas y de muchas suspicacias. Pero para eso está el debate público, abierto y transparente. En estas cosas ya no hay que inventar la rueda y los modelos exitosos están a la vista. La doctrina científica de los juristas y los politólogos ya lo explican todo con lujo de detalle. ¿A qué esperamos?