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“Ya la lucha de nosotros es todo. Vamos por el cambio de gobierno. Se tienen que ir (Ortega y Murillo) porque el pueblo no los quiere”, dijo un estudiante de 25 años, con pañuelo en el rostro, en una barricada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
“¿Acepta o no?”
Hasta ahora Ortega solo se ha dicho dispuesto a trabajar por la democratización del país, como sería la separación de los poderes del Estado, actualmente controlados por el gobierno, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Esas reformas las había conversado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien en un principio fue señalado de blando con Ortega y ha venido endureciendo su posición.
“Para la Alianza Cívica Nacional los acuerdos electorales entre gobierno y la OEA ya no son vigentes. Ortega debe decir si acepta el adelanto de elecciones”, dijo la noche del domingo Carlos Tünnermann, prestigioso académico que participa en el diálogo.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consigna 212 muertos, más de 1.300 heridos y unos 500 detenidos en dos meses.
Durante esa sesión, una decena de gobiernos (Estados Unidos, Canadá, México y otros) pidieron que “cese la represión”, y Almagro recomendó un adelanto de elecciones a marzo como mínimo o en máximo 14 meses.
El diálogo ha sido suspendido tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a organismos internacionales para verificar la situación de derechos humanos, pero luego accedió.
El domingo llegaron a Managua técnicos de la CIDH y el martes lo harán funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno rechaza los señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra las protestas y de violación de derechos humanos, pero, en la negociación, ha aceptado la llegada de esas comisiones.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza.
En 1990 fue desalojado en una elección anticipada, como la que le piden hoy. Luego de 16 años en la oposición, llegó de nuevo al poder por la vía electoral en el 2007.
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