Esto surge luego de que Hugo Rodríguez, Subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Patrick Ventrell, director de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, abogaran por la protección de los fiscales e información recabada por la Cicig.
“El resguardo del personal no es solo en cuanto a su integridad física sino también la priorización de que los fiscales desempeñemos nuestro trabajo libre de presiones”, aseguró Sandoval a Prensa Libre.
Dichas presiones, indicó el jefe de esa fiscalía, se observaron en el Congreso, con la creación de la llamada Comisión de la Verdad, con la que se busca analizar los actos de la Cicig durante sus 12 años de permanencia en Guatemala.
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Para Sandoval, el peligro está en que las acciones de dicha comisión “podrían desencadenar una serie de denuncias en contra del propio personal de la fiscalía, por realizar su trabajo y que son contrarias a las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales”.
El fiscal también hizo referencia a que los casos que se investigó la Cicig y que se siguen en la nueva fiscalía de sección del MP tienen suficientes medidas de soporte probatorio, pero existe un riesgo cuando algunos tribunales de justicia se conforman a veces con personas vinculadas a quienes son objeto de investigación.
“Eso podría implicar que lo que el tribunal resuelva tenga algún interés manifiesto”, agregó.
Sandoval espera que la protección solicitada por la comunidad internacional “incluya esos obstáculos que se han impuesto a la labor de los fiscales”.
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En cuanto a la protección que se da, tanto a fiscales como a la información recabada por la Cicig, el órgano investigador afirmó que “los casos y la evidencia siempre han estado en resguardo del Ministerio Público”.
La seguridad personal se ofrece de parte del MP según los análisis de riesgo que se realizan y es el mismo procedimiento con todos los fiscales de las distintas fiscalías que tienen seguridad asignada por la naturaleza de los casos que investigan o por amenazas, indicó Julia Barrera, vocera del MP.
Implicación política, pero no legal
Resguardar y proteger información de la Cicig es fundamental debido a que varios de los casos en tribunales no han finalizado; pero además, porque desde que está afuera la Cicig esa información está en manos del MP que, aunque es un ente autónomo, también es influenciable por sectores políticos, asegura Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
Monterroso analiza el papel de la Comisión de la Verdad del Congreso y señala que esta únicamente tiene carácter político e investiga temas administrativos, no judiciales.
El experto recuerda que dicha comisión no puede inmiscuirse en temas de justicia pues así está limitado en la Constitución.
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Al respecto, el diputado Luis Hernández Azmitia, integrante de esa comisión, asegura que la instancia no se opone a ninguna investigación y que su único fin es determinar si, durante los 12 años de trabajo de la Cicig, existieron violaciones a los derechos humanos, a la Constitución y al debido proceso, así como exceso en la utilización de la fuerza.
“El mandato y obligación de la comisión es elaborar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos, informe que será objetivo e imparcial porque hay documentación de personas y audiencias”, explicó el congresista.
Hernández Azmitia afirmó que si se determina que se cometió algún delito de parte de fiscales o funcionarios de la Cicig, los diputados tienen la obligación de hacer las denuncias necesarias a las autoridades competentes, de lo contrario cometerían omisión de denuncia.
“Son más de 10 mil folios que se revisan. La comisión termina el 10 de enero y ese es el plazo que tenemos para terminar el trabajo, estamos en reunión permanente”, indicó el diputado.
Además del informe, la comisión del Congreso también habilitará una página electrónica en donde se podrá acceder a información, documentos y audios del trabajo de dicho ente.
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Un ejemplo
Durante la conferencia telefónica, Rodríguez hizo un reconocimiento a la labor de funcionarios de Centroamérica que aportan a la lucha contra la corrupción y mencionó a Emilia Navas, primera mujer fiscal de Costa Rica, los fiscales de la Fuerza de Tarea antiextorsiones de El Salvador y a funcionarios de la Misión de Apoyo Contra la corrupción y la Impunidad en Honduras, por la que abogó para su ampliación de mandato.
Guatemala solo fue mencionada durante las ponencias de Rodríguez y Ventrell cuando se habló de la renuncia y detención de dos expresidentes -Otto Pérez Molina (2012-2014) y Álvaro Colom (2008-2012), así como de una exvicepresidenta – Roxana Baldetti (2012-2014)-.
También se mencionó al país cuando se reiteró la prohibición de ingresar a EE. UU. a la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling y del exministro de Economía y excandidato a la presidencia Alejandro Sinibaldi.
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