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“Si a esto le sumamos que (la secretaria de Seguridad Nacional) Kirstjen Nielsen politizó la agencia, las criticas se han agudizado”, añadió.
La controversia ha proseguido luego de que 19 agentes del departamento de investigación de ICE remitieran una carta a Nielsen en la que le sugieren que parta esta agencia, dado que el énfasis en el control migratorio propugnado por la actual Administración hace más difícil la lucha contra el terrorismo, la pornografía y otros aspectos ligados a la Seguridad Nacional.
Antes de la creación de ICE en el 2003, el que manejaba los asuntos de Inmigración era el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que estaba bajo la supervisión del DOJ.
El presidente Trump ha querido ser parte del debate por la abolición de ICE y en un mensaje en su cuenta de Twitter dijo que “la izquierda liberal, también conocida como los Demócratas, quiere deshacerse de ICE, que hace un trabajo fantástico y quiere Fronteras Abiertas. ¡El crimen sería desenfrenado e incontrolable!”.
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A pesar del respaldo del presidente, las protestas delante de las diferentes sedes de esta agencia no han cesado en las últimas semanas y hoy mismo un grupo de líderes religiosos y activistas bloqueó la entrada del edificio de ICE en Los Ángeles, mientras que 35 personas fueron arrestadas en una protesta en Connecticut y activistas de Portland, en Oregón, planean una nueva acampada.
La activista Marú Mora Villalpando asegura por su parte que en Seattle no se rendirán hasta que los dueños del edificio donde la agencia tiene sus oficinas los expulse.
Para Octavio Pescador, investigador y profesor de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), este es un momento histórico que marcará el comienzo de un cambio.
“Los estadounidenses saben que son una nación de justicia y libertad y que no encarcela niños inocentes, y esto va a tener consecuencias por generaciones”, vaticinó Pescador.
Denuncian el creciente retraso en el trámite de la ciudadanía
Un grupo de legisladores y activistas lanzó una campaña en EE.UU. para denunciar el creciente retraso en la gestión de las solicitudes de ciudadanía desde la llegada de la Administración del presidente, Donald Trump.
“En los últimos dos años ha habido un incremento del 70 por ciento en las aplicaciones pendientes de naturalización (como ciudadanos de EE.UU.)”, dijo en una conferencia de prensa telefónica la presidenta de la organización hispana UnidosUS, Janet Murguía.
Murguía participó junto a otros miembros de grupos de la sociedad civil y congresistas en el lanzamiento de una campaña para derribar lo que llamaron el “segundo muro”, es decir, esas trabas administrativas para los inmigrantes que buscan la ciudadanía, frente al “primer muro”, que es el que Trump pretende construir en la frontera con México.
En ese sentido, el responsable del Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL), Peter Schey, que también participó en la misma conferencia de prensa, acusó al Gobierno de estar provocando este retraso intencionadamente.
“Estamos viendo cómo la Administración de Trump actualmente bloquea el camino para la legalización de los inmigrantes de varias maneras”, subrayó.
De acuerdo con datos de la campaña, actualmente los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hacen frente a un retraso de unas 729 mil 400 solicitudes de ciudadanía, lo que ha supuesto una duplicación de la demoras en tan solo dos años.
Al ritmo actual, la USCIS tardaría un cuarto de siglo en regresar a las 380 mil 639 solicitudes que había de retraso bajo la Administración precedente de Barack Obama, sin incluir las nuevas.
Schey adelantó que en el marco de la campaña van a mandar una petición al Gobierno para solicitar datos sobre los motivos de los retrasos de los procesos de solicitud de naturalización de los inmigrantes.
“Pretendemos perseguir esto de manera agresiva, es decir, si la Administración no proporciona información acudiremos a una corte federal para conseguirla”, advirtió.
La congresista demócrata Zoe Lofgren consideró que con los comicios legislativos de noviembre a la vista y el control republicano del Senado y el Congreso “es difícil que no haya motivaciones en la Administración para impedir que los inmigrantes completen su proceso de naturalización” y puedan votar.
En la presentación de esta iniciativa también participó el congresista demócrata Luis Gutiérrez, la directora Ejecutiva de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (Chirla, en inglés), Angélica Salas, y Emily Gelbaum del National Partnership for New Americans (NPNA).
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