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“La violaron”, añadió. “Me pone muy triste ver que esto esté sucediendo y me alegra que mis padres no hayan llegado a verlo”.
Las autoridades federales le dieron una clave para abrir el portón que le permite acceder al otro lado de su tierra ancestral: 1.2 hectáreas de desierto salpicado de cactus y mezquites.
Eso es lo que queda de las cinco hectáreas que pertenecían a sus antepasados Lipan Apaches desde el siglo XVIII, gracias a una concesión de tierra de la Corona española.
En el 2009, después de perder una demanda del gobierno federal, Támez se vio “coaccionada” a recibir una compensación de US$56 mil, que donó a becas de enfermería en nombre de sus padres.
Otros granjeros, cuyos terrenos quedaron en su totalidad al sur del muro fronterizo, también recibieron códigos de acceso a sus propiedades.
Pero la mayoría de los casos se dirimieron con apropiaciones del gobierno federal por valores que promediaron los US$12 mil 600, según una investigación de la radio pública NPR, tras analizar 320 “casos de vallas” entablados entre el 2008 y el 2016 en la zona del Valle del Río Grande, algunos de los cuales siguen en litigio.
Situaciones como ésta pueden multiplicarse si Donald Trump tiene éxito en su proyecto de amurallar toda la frontera, un tercio de la cual ya está vallada gracias a una ley del 2006 del entonces presidente George W. Bush.
El muro es un parche
Dos tercios de los inmigrantes detenidos al cruzar la frontera (de un total de 303 mil 916 el año pasado en todo ese país) son capturados en Texas, según cifras de la patrulla fronteriza.
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Por eso la separación familiar de inmigrantes que concitó la atención nacional e internacional en los últimos dos meses tuvo su epicentro en este estado, particularmente en la región del Valle del Río Grande, donde Támez vive.
Allí se ubican el mayor centro de detención de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo (apodado “Ursula”, con más de mil detenidos) y el refugio para menores “Casa Padre”, una exfarmacia Walmart que aloja unos 1 mil 400 niños.
Desde mayo, más de 2 mil 300 niños fueron separados de sus padres o tutores cuando éstos fueron detenidos al cruzar la frontera, ilegalmente o pidiendo asilo, siguiendo la política de “plan tolerancia cero” del presidente Donald Trump.
Si bien Trump ordenó el 20 de junio poner fin a la separación familiar, más de 2 mil niños siguen solos en “centros de procesamiento” y refugios.
Para Támez, “la actual crisis migratoria es resultado de la incapacidad del Congreso de hacer cumplir las leyes durante décadas”.
Un proyecto de reforma migratoria que incluía la propuesta del presidente de construir un muro que diseccione los 3.218 km de frontera, y que costaría US$25 mil millones, volvió a fracasar el miércoles pasado en el Congreso.
“La pérdida de nuestras tierras para construir un muro es un parche a la crisis migratoria, y no la solución”, dijo Támez. “El Congreso no ha sido capaz de gobernar como debe hacerlo. En lugar de eso, hacen politiquería”.
“No es la primera vez que violan nuestros derechos al quitarnos nuestra tierra”, prosiguió la activista nativa, evocando una apropiación ocurrida en 1936.
Y, si el proyecto de Trump tiene éxito, tampoco será la última.
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