Hace pocas semanas en Guatemala se produjo un suceso jamás imaginado. Erika Alfán, jueza de Mayor Riesgo, ligó mediante un proceso penal a varios empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito, en este caso, otorgado al partido FCN. Este hecho marcó el final de un prolongado modelo político que mediante la corrupción, la impunidad y la cooptación del Estado, generó riquezas inmensas para unos, pero que provocó simultáneamente una pobreza social totalmente inaceptable. Esta práctica —la corrupción política— no solo ocurre en Guatemala. España e Italia son ejemplos claros de cómo la misma era parte sistémica y consuetudinaria en su dinámica operativa, en donde políticos y empresarios formaron una repudiable alianza tan conocida como criticada. Tanto allá como ocurre en nuestro país, la fórmula era simple: políticos corruptos ampliamente experimentados fundaban partidos, en complicidad con autoridades judiciales y electorales creaban un modelo político criminal. Vendían luego los partidos a los grupos económicos más poderosos, los cuales posteriormente nombraban candidatos a elección popular, funcionarios de gobierno y autoridades judiciales.

Fenómeno conocido como cooptación del Estado. Stefan Zweig en su obra Fouché, el genio tenebroso, expone una máxima utilizada frecuente por el mismo “conviene comprar el poder con dinero, porque detentando el poder se acuña más dinero”. El efecto criminal de esta práctica fue que los gobiernos renunciaron a sus responsabilidades sociales y por tanto a la elaboración y ejecución de políticas públicas. Y para nuestro caso, los resultados están a la vista: la concentración de la riqueza en Guatemala presenta los índices más desiguales del mundo. No obstante, este modelo político, corrupto e impune, no podía durar para siempre. Llegó a su final.

Las próximas elecciones en Guatemala serán diferentes. A pesar de que la partidocracia corrupta aún sigue vigente desde ese recinto legislativo delictivo y degradado, hay avances a partir de las reformas electorales realizadas en el año 2016, los cuales deben ser aprovechados por todos los sectores políticos y sociales que decidan participar. Un avance significativo será la equiparación en los gastos de campaña y los mecanismos de fiscalización, tanto de los recursos económicos como de los recursos publicitarios y propagandísticos. Esto permitirá que las propuestas partidarias sean conocidas en igualdad de condiciones. Las tribunas y los debates, demostrarán qué candidatos y qué partidos realmente se orientan hacia un verdadero compromiso de cambio. Hay tres grandes vertientes. Los partidos tradicionales —así aparezcan reciclados y con distinto nombre— que representan el corrupto modelo tradicional. Un proyecto que se articula teniendo a la exfiscal Thelma Aldana como la potencial candidata presidencial, el cual pretende una mezcla ideológica que según se dice, le permita la plataforma adecuada. La tercera vertiente articula a los partidos políticos de izquierda, organizaciones indígenas, campesinas, laborales y de pobladores.

Conviene no olvidar que dos fuerzas de gran incidencia, el capital interno más influyente representado por 10 familias y el gobierno de EE. UU. a través de su política exterior en comunión con la Unión Europea, influirán cualitativamente en el futuro político del país. Elecciones diferentes que marcarán la desaparición de la partidocracia corrupta en nuestro país, si el liderazgo social pacta por la unidad y asume la responsabilidad histórica que le corresponde.

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