Hilaridad deberían causar muchas de las medidas emanadas de los más altos órganos de poder del Estado, y si no ocurre es porque algunas son demasiado serias para ignorarlas. Las muestras de estulticia se han generalizado en muchas dependencias públicas en los últimos años y a la ignorancia y la intolerancia de algunos funcionarios se une la osadía de creerse superiores a la Constitución.

El pasado jueves, el Congreso de la República hizo llegar a los medios de comunicación un documento en el cual se pretendía imponer una serie de requisitos a quienes quisieran acceder a información, con el pretexto de crear adecuadas “normas de convivencia”, y aunque horas después la medida fue anulada, el daño ya estaba hecho para la imagen del Legislativo.

La carta, firmada por la encargada de la Dirección de Comunicación Social, Joselyn Fernanda Madrid Mérida Solano, no debe ser vista como el producto de su absoluta responsabilidad, pues cuesta creer que un exceso de iniciativa será de su exclusiva autoría. Además porque en cosas tan preocupantes como violentar preceptos constitucionales, la responsabilidad debe recaer en sus superiores.

Aunque Madrid Mérida sea la responsable de haber enviado esa nota a los medios de comunicación, no parece ser la culpable porque resulta obvio que debió haber seguido instrucciones de una autoridad superior. Estas deberían aclarar los motivos de la violatoria disposición, pues la Constitución establece que ningún empleado público está obligado a seguir órdenes ilegales, y el planteamiento de su misiva era un claro desafío al texto constitucional.

El punto medular de esta nueva muestra de intolerancia es la búsqueda de limitar el acceso a las fuentes de información, garantizada además por una ley específica de rango constitucional. Estas disposiciones se enmarcan en un generalizado cuadro de abuso de autoridad y esta nueva extralimitación encaja en la línea del actual presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, cuyo padre dejó una patente y muy grotesca muestra de su urticaria ante la prensa independiente.

Este nuevo intento por limitar el ejercicio periodístico tampoco debe separarse de actitudes y declaraciones del presidente de la República, quien también parece haber heredado del finado alcalde su sensibilidad ante la actitud fiscalizadora de la prensa y por la crítica a sus incontables desaciertos en la conducción de la cosa pública, de lo cual no tienen ninguna responsabilidad los medios de comunicación.

Cuando las autoridades son incapaces siquiera de respetar los límites que les imponen los marcos regulatorios, se abre la puerta a un mayor abuso de poder y fácilmente se pueden borrar las fronteras del estado de Derecho, condición que muchos desearían, incluso a costa de afectar al país.

Ninguna entidad pública puede abrogarse el derecho de limitar el acceso a las fuentes de información, ni mucho menos asumir actitudes irrespetuosas para decidir sobre las condiciones en las cuales los periodistas pueden acudir a las fuentes de información, porque el acceso a las oficinas públicas es un derecho de todos los guatemaltecos y no un privilegio de los periodistas, mucho menos cuando se trata del máximo órgano de representación popular.