En Guatemala como resultado de la permanente ineficiencia de los últimos gobiernos, las tragedias o desastres producto de la relación vulnerabilidad social-fenómenos naturales, provocarán mayor número de víctimas, lo que implicará mayores movilizaciones o desarraigos definitivos de poblaciones, e incremento de heridos y fallecidos.  El fenómeno anterior se apuntala debido a tres factores: 1. Los efectos del cambio climático. 2. El agravamiento de las condiciones socioeconómicas de la población. 3. La incapacidad operativa de los gobiernos recientes, que han evadido la responsabilidad de crear una verdadera  política pública orientada a prevenir tragedias o en casos extremos, a mitigar los graves efectos que estos provocan principalmente en las poblaciones más vulnerables. Todos los informes científicos y documentados, principalmente los emitidos por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), coinciden en que Guatemala por su posición geográfica, su topografía y sus graves niveles de subdesarrollo humano, se constituye como el primer país en el continente americano y el cuarto en el mundo, más vulnerable a los efectos del cambio climático. Advertencias que siguen siendo desatendidas por las autoridades de turno y desconocidas para la mayoría de la población. Los perturbadores efectos se están manifestando en áreas como el sector agrícola, la infraestructura, la salud pública e incluso, en materia de seguridad ciudadana. Expresado en palabras simples y directas: “nuestro país está en proceso de destrucción continua ante una indiferencia política y social inaudita”.

El elemento natural de mayor incidencia es el agua. Producto del cambio climático y el pésimo manejo nuestros recursos naturales, se presentarán extremos como sequía permanente (la Franja del Corredor Seco, por ejemplo) y aumento en el nivel de lluvias cuyo caso extremo lo constituyen las tormentas tropicales y huracanes. La capacidad de almacenamiento y movilidad de agua (mitigación ante sequía) como sistemas de drenaje y contención (exceso de caudales) constituyen acciones urgentes que deben ser implementadas. Pero hasta el momento poco o nada se está haciendo al respecto.

Existen instrumentos importantes como el Marco de Sendai 2015-2030, acordado y aprobado en Japón, bajo auspicio de la ONU, el cual trascendió la gestión de desastres (Marco de Hyogo) para enfocarse en la gestión de riesgos. Si bien en el mismo se plantean los objetivos, métodos y estrategias que todos los gobiernos deben concretar, no creo equivocarme respecto a que la mayoría de funcionarios guatemaltecos relacionados con el fenómeno, jamás lo habrán leído. Por otra parte, existe el decreto legislativo 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de la cual puede extraerse: El órgano superior de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres será el Consejo Nacional y estará integrado por el sector público, entidades autónomas y sector privado. Lo conforman —además de las autoridades de Conred— ministerios de Defensa, Salud, Finanzas, Comunicaciones, Gobernación, Cuerpo de Bomberos, Colegios Profesionales y Cacif. Es evidente que este mosaico de instituciones por su propia naturaleza, jamás podría demostrar eficiencia operativa.

Como mínimo el 80% de nuestra población es potencialmente vulnerable a desastres producto de inundaciones, sequías, erupciones o terremotos. Todo lo anterior anuncia que las próximas tragedias nos impactarán como siempre: sin la menor preparación previa para enfrentarlas, siendo esa quizá, la peor de nuestras tragedias.

manuelvillacorta@yahoo.com