El 28 de julio de 1968, la comunidad Chicoyogüito, en Alta Verapaz, fue desalojada y despojada de sus tierras para instalar la antigua zona militar No. 21, que en la actualidad es una base de entrenamiento para las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, conocida como Creompaz, Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

En esta zona militar se cometieron graves violaciones contra los derechos humanos como quedó establecido en los informes Guatemala Nunca Más de la iglesia católica y Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas (CEH).

En el proceso judicial por la masacre de Plan de Sánchez (2012), varios testigos declararon acerca de la existencia de fosas clandestinas en ese antiguo destacamento militar. En la sentencia de ese caso, el tribunal ordenó hacer una investigación sobre estos hechos lo que dio inicio al proceso denominado Creompaz, uno de los casos de desaparición forzada más grande de América Latina. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, en ese lugar funcionaba un centro de detención y ejecución clandestino durante los años de la guerra.

Entre el 2012 y 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) llevó a cabo 14 exhumaciones y encontró 558 osamentas en cuatro fosas, 90 de las cuales pertenecían a niños y niñas. Los informes forenses documentan que muchos de los restos presentan señales de tortura, contusiones en la cabeza y la garganta; señales de tiro de gracia, vendas en los ojos y lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos. De acuerdo con la documentación, 128 de las osamentas corresponden a personas que fueron desaparecidas entre 1981 y 1988.

En enero del 2016, 14 oficiales militares retirados fueron capturados por los delitos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad en base a las pruebas halladas en la antigua zona militar. La Asociación de Vecinos de Chicoyogüito se constituyó como querellante adhesiva en el proceso, dado que muchos de sus pobladores fueron desaparecidos y otros obligados a realizar trabajos forzados, convirtiéndose en mozos colonos militarizados. La jueza Claudette Domínguez determinó que ocho de los acusados deben enfrentar juicio, pero año y medio después el caso sigue estancado por varias apelaciones que aún no han sido resueltas.

Los atropellos y violaciones a los derechos de la comunidad de Chicoyogüito iniciaron mucho antes de la guerra interna. Durante la reforma liberal fueron despojados de sus territorios comunitarios que se convirtieron en fincas cafetaleras alemanas. Aunque en la década de 1940 esas tierras se nacionalizaron, nunca regresaron a sus legítimos dueños. Entre 1984 y 1986, el Ministerio de la Defensa creó la colonia 30 de Junio y otorgó lotes a especialistas de la Zona Militar No. 21; situación que se repitió entre los años 2002 y 2008 cuando el ejército les dio terrenos a especialistas y oficiales en retiro voluntario.

Por todo esto, cada año, los sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito hacen una caminata pacífica hacia el antiguo destacamento militar de Cobán, Alta Verapaz, en la que denuncian el desalojo y despojo sufridos; las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra población civil y exigen el retorno a su territorio.

La lucha por la verdad, la memoria y la justicia de estas comunidades de los pueblos q’eqchi’, poqomchi’ y achi no puede resultarnos ajena. Sus voces se alzan con valentía para honrar a quienes ya no están y para exigir su derecho a la justicia y a la reparación digna.

@MarielosMonzon