El 24 de mayo pasado, por unanimidad, la Cámara de Representantes aprobó la enmienda que exige que los nombres de los funcionarios del Triángulo Norte sean de conocimiento del Congreso.
La enmienda es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).
Buscan blindarse
Jorge Wong, politólogo con estudios en Relaciones Internacionales, considera que, con la aprobación de la enmienda, tanto el Congreso como el Senado de EE. UU. busca blindar al país de la llegada de actores corruptos que le puedan generar desgaste político.
“A ellos también les conviene que en estos países haya paz, tranquilidad y gobernanza para poder hacer negocios más tranquilos y que no haya problemas como el que está pasando en Nicaragua”, afirmó Wong.
Wong indicó que con la enmienda EE. UU. pretende “evitarse heredar problemas que no son de ellos” con la llegada de actores señalados por corrupción, porque esto podría generar desgaste político de cara a futuras elecciones y que la comunidad internacional los catalogue como “protectores de gente corrupta”.
El experto añadió que la enmienda se suma a la elección de Todd Robinson como consejero de Asuntos para América Central del Departamento de Estado, “lo que nos dice que EE. UU. está dispuesto a apoyar a la región en la lucha contra la corrupción”.
Mensaje claro
El analista político José Andrés Ardón precisó que la aprobación de la enmienda es parte de la política que ha adoptado EE. UU. sobre el Triángulo Norte en la lucha conta la corrupción ya que considera a este factor como uno de los responsables de la migración ilegal.
Me complace informar que mi enmienda que requiere una lista de corruptos fue incluida en la versión final de la ley de defensa. El Congreso de EEUU sigue apoyando la lucha contra la corrupción en Centroamérica. https://t.co/zdBrn5HHIX
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 24, 2018
Añadió que EE. UU. considera que con la elaboración de la lista de funcionarios ligados a la corrupción y hechos ilícitos “piensan que esta medida va a tratar de limitar que los funcionarios públicos abusen” del poder en Guatemala porque serán sancionados en aquel país.
“Es un claro mensaje a nuestros funcionarios guatemaltecos de que Estados Unidos va a tener una política cero tolerancia a los que incurran en casos de corrupción”, subrayó el politólogo.
Torres, en mayo cuando se aprobó por la Cámara de Representantes la enmienda, explicó que el objetivo de impulsar ese cambio en la legislación estadounidense era que tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador se han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción, a la vez que fiscales, jueces y líderes de organizaciones internacionales contra la corrupción se han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus propias vidas.
“No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos de Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción”, agregó Torres en esa oportunidad.
Norma Torres integra el subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
En mayo último, Torres denunció que enemigos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han pagado hasta US$80 mil al mes por intentar socavar el apoyo de los EE. UU., a la Comisión. Sería un grave error ceder a esfuerzos de políticos corruptos y criminales en el país, expuso Torres en un comunicado.
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