Hacer lo correcto debería enmarcar todo accionar dentro del servicio público, pero con demasiada frecuencia esa parece ser una tarea titánica para muchos y por ello el Estado ha debido reaccionar para diseñar mecanismos de contención contra el abuso, creando instituciones para regular, vigilar y reportar las constantes anomalías que amenazan la independencia o el funcionamiento pleno de algunas entidades.

El sector privado organizado ha mostrado su preocupación, una vez más, porque en las próximas semanas el presidente Jimmy Morales deberá hacer el nombramiento de quienes dirijan dos de las más importantes entidades que tienen que ver con la conducta macroeconómica del país y la otra con el monitoreo constante de los flujos de dinero en el sistema bancario, para detectar el uso de recursos ilícitos o la acumulación de bienes injustificados por parte de personajes públicos.

Estas instituciones, claves en importantes procesos económicos nacionales, son el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, y dentro de esta última se dio un paso trascendental con la creación de la Intendencia de Verificación Especial, que tiene a su cargo la estricta vigilancia del lavado de dinero, y su funcionamiento independiente ha sido clave en la lucha contra la corrupción.

En ambos casos, la principal recomendación que los empresarios han hecho es que en una coyuntura tan compleja como la que atraviesa Guatemala, paralizada por la inacción gubernamental, la falta de inversiones y una lucha decidida para combatir la corrupción, el Gobierno designe para esos altos cargos a personas idóneas, alejadas de cualquier sometimiento a grupos políticos.

El llamado es importante, pues denota la ansiedad empresarial de que no se eche a perder un proceso que ha llevado años consolidar, pero también porque el Gobierno ha dado señales preocupantes en la designación de otros cargos, en los que claramente se ha privilegiado a personajes cercanos a los círculos de poder político, marginando requisitos ineludibles para el fortalecimiento de la institucionalidad.

Ahora, incluso se ha recomendado confirmar en sus cargos a quienes han desempeñado de manera satisfactoria sus funciones, porque se le daría continuidad a un proceso de años, pero también para no correr el riesgo de politizar o de trastornar el funcionamiento de entes fundamentales para la estabilidad económica y darle seguimiento a una férrea vigilancia sobre el sistema bancario nacional y que no sea utilizado por intereses criminales.

Hacer lo correcto y atender el llamado empresarial debería ser la decisión más prudente que tome el mandatario, porque de lo contrario podría crear demasiado ruido en relevantes procesos económicos que transitan por una ruta de demasiada turbulencia y donde también hay diversos recursos de origen criminal buscando tomar vías de legalidad.

La fortaleza del Banguat, de la SIB y de la IVE no se debe poner en riesgo, a menos que el mandatario quiera enviar un mensaje distinto al sector privado, a los operadores económicos y a quienes todavía siguen esperando claros signos de cambio del viejo sistema.