En la lista destacan seis nombres, entre ellos tres estrechamente ligados a Guatemala: Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Luis Alberto Mendizábal y el mexicano Remigio Ángel González.
“A medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen con los criterios para rendir cuentas (…) esperamos un diálogo continuo con la Administración para apoyar la implementación de la robusta ley global Magnitsky y los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos”, resaltan los congresistas en la misiva dirigida a Trump.
La carta también contiene, en sus anexos, algunas informaciones sobre las personas señaladas, en el caso de los vinculados a supuestos crímenes en Guatemala destaca:
Gustavo Adolfo Alejos Cambara
“Es un hombre de negocios que ha usado conexiones políticas para ganar millones de dólares en contratos con el gobierno. Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala y fue acusado en 2015 y 2016 por la Fiscalía guatemalteca. En 2015, la Fiscalía General de Guatemala implicó a Alejos en una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que favorecía a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos. [14] Según la investigación, la red cooptó y corrompió a los funcionarios públicos para obtener información y manipular el sistema de adquisición médica para favorecer a ciertos distribuidores que luego obtuvieron millones en ganancias. Se descubrió que Alejos era el principal arquitecto de la red y se lo acusaba de asociación ilícita, soborno y tráfico de influencias”.
Luis Alberto Mendizábal Barrutia
“Luis Alberto Mendizábal es un experto en operaciones de inteligencia. Mendizábal estuvo involucrado en el intento de golpe de estado de 1988-89 contra el entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo. Huyó a El Salvador cuando se descubrió la noticia de la trama. Mendizábal también participó en la creación de ” La Oficinita”, un aparato de seguridad oculto que coordinó acciones ilegales entre la inteligencia militar y la oficina del presidente en la década de 1990. También se cree que Mendizábal participó en el Comando Antisecuestros, establecido por el General Marco Tulio Espinoza, un grupo acusado de graves violaciones de los derechos humanos.
En 2015, el Ministerio Público implico a Mendizábal en la red de fraude aduanero conocida como “la Línea”, que operaba dentro de la administración de aduana e impuestos entre 2011 y 2015. Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea”.
Remigio Ángel González
“Es el jefe del conglomerado de medios, Albavision. La Sociedad Interamericana de Prensa registró que Ángel González está presente en 11 países de la región de América Latina, y posee 35 canales de televisión, incluidos La Red (Chile), ATV (Perú), SNT (Paraguay) y Canal 9 (Argentina), 114 estaciones de radio, 2 compañías de periódicos y cines. Él ha vivido en Miami desde 1987. González ha sido capaz de eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringir la propiedad extranjera de los medios nacionales mediante el uso de compañías fantasmas dirigidas por familiares locales, amigos y suplentes. En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conocida como la “Cooptación del Estado”.
Empresarios y políticos
Los otros nombres que se incluyen en la petición de los congresistas son José Aquiles Rais López, a quien se identifica como un prominente hombre de negocios salvadoreño. Fue designado como “objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los 'Papeles de Panamá'”, según un documento judicial de Florida.
El salvadoreño José Luis Merino, un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES SA de CV, actualmente ocupada en una disputa multimillonaria. Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas.
Por último, se incluye al hondureño Óscar Ramón Nájera, un político hondureño y gran terrateniente en la región del Bajo Aguan. Ha servido en el Congreso de Honduras durante 27 años y actualmente representa el Partido Nacional de Colón. Devis Leonel Rivera Madariaga, líder del Cartel de Los Cachiros , implicó a Nájera como colaborador durante su testimonio ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Rivera colocó al congresista Nájera en una reunión de 2013 con los líderes del cártel en relación con una disputa sobre propiedades incautadas.
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