En este sentido, afirmó que esta acción es parte de la implementación de una política integral para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas LGTBI+.
Dicha política incluye cursos de sensibilización y capacitación a personal de seguridad del Organismo Judicial y jueces sobre la diversidad sexual.
La magistrada señaló que no existe una estadística en el Organismo Judicial sobre el número de personas LGTBI+ que son capturadas o son usuarios del sistema penal, no obstante, aseguró que son una minoría.
En lo que se refiere a la clasificación de reclusos, Dávila explicó que cualquier persona que se autoidentifique como lesbiana, gay, transexual, bisexual o miembro de la diversidad sexual será colocada en esta carceleta.
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En el caso de que un miembro de la comunidad LGTBI+ sean ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva, será responsabilidad de la Dirección General del Sistema Penitenciario crear espacios para que se respeten los derechos humanos de estas personas, dijo la magistrada.
La carceleta para uso de los miembros de la diversidad sexual tiene una extensión de 25 metros cuadrados y cuenta con un baño. De acuerdo con Pineda Barales, los trabajos de remozamiento para la nueva área de espera fueron bajos pues se aprovecharon los recursos de personal y material con los que ya contaba el organismo.
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En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre el sistema de administración de justicia guatemalteco, señalando que “sectores de la población históricamente marginados enfrentan obstáculos particulares que limitan su acceso efectivo a la justicia” y emitió recomendaciones al OJ.
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