La retención del alcalde de Coatepeque, Alfonso García-Juncos Hemmerling, desde este jueves a las 14 horas, por pobladores inconformes con la reconexión y cobro del servicio de energía eléctrica, podría impactar la economía de la región.
Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango, indicó que exigen al ministro de Gobernación que resuelva “lo más pronto posible este asunto”, porque “está en juego una vida y se crea un clima de inestabilidad que perjudica al departamento”.
Según García, el problema es de índole social y político pero afecta la economía de Quetzaltenango ya que “demuestra la ingobernabilidad del país”.
El empresario enfatizó que rechazan las acciones ilegales en contra del alcalde y piden que se proteja la vida de un hombre “que de una u otra manera le está sirviendo al departamento”.
“Después de la cabecera departamental, Coatepeque es el municipio más importante en la generación de impuestos para el estado y arbitrios para su municipalidad; además, por estar cercano a la frontera sur de México, con estos conflictos, se bloquea la actividad económica entre uno y otro país. Es urgente que se le preste atención al momento que está viviendo Coatepeque”, concluyó.
Otto Vargas, coordinador de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, indicó que esta problemática perjudica la inversión.
“Generamos un clima de negocios que no atrae inversionistas y no crea una seguridad para invertir en el departamento, se deben solventar estos problemas sin afectar la actividad económica de un territorio, al retener al alcalde y hacer este tipo de acciones se manda un mensaje negativo del departamento, dentro y fuera del país, lo que aleja la inversión”, dijo Vargas.
El coordinador refirió que Coatepeque es uno de los municipios que más aporta a la economía de la región, pero que a la vez tiene “índices considerables de delincuencia y crimen, así como conflictos sociales”.
Carlos Barrios, representante del colectivo ciudadano, manifestó que rechazan toda acción que atente contra la vida de “quien sea”, por lo que “hacemos un llamado a las diferentes instituciones para tomar en serio estos conflictos sociales”.
De acuerdo con Barrios, lo que sucede en Coatepeque es una alerta a la que se debe poner atención. “Dado el incremento de problemas sociales que se podrían resolver dialogando y poniendo atención a los diferentes actores que intervienen, es un alerta de que la población está cansada de ser mal atendida”.
Barrios señaló que en los próximos días el colectivo elaborará un pronunciamiento por la preocupación que tienen a causa de los problemas de conflictividad que hay en el país, “incluidos aquellos que son por la energía eléctrica”.
En estos momentos, en la sede de la Goberanción Departamental de Quetzaltenango, se reúnen representantes de Energuate, la Gobernación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, un concejal de Coatepeque y de la Comisión de Diálogo. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público y de vecinos de Coatepeque se retiraron, porque la reunión estaba convocada para las 11 horas.
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