Los agentes presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, y aunque los detalles del reporte no son públicos, se sabe que se trataba de un subfusil de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, el gobernante Jimmy Morales inauguraba un tramo carretero de 14 kilómetros en Cuatro Caminos y los agentes responsables del arma pasaban a suspensión.
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Fuentes judiciales indicaron que el robo se encuentra bajo investigación. La pérdida de un arma constituye una falta grave para un agente y estos serán responsables de reintegrar el valor de esta. El secretario de SAAS, Orlando Ramírez confirmó que los agentes responsables ya fueron dados de baja.
Ramírez también comentó que el arma robada es un subfusil, pero indicó que no puede detallar el tipo específico ya que en la institución se usan tanto Uzi como mini Uzi, una versión más compacta del subfusil de origen israelí. En todo caso, el calibre usado en la institución es de 9 mm.
En una compra realizada por el Ministerio de Gobernación en el 2013 de 100 subametralladoras Uzi, el costo unitario fue de US$1 mil 520.
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“La investigación queda a cargo del Ministerio Público, pero nosotros aportaremos todos los detalles que nos requieran, como antecedentes de los agentes y datos del arma. Sabemos que en el lugar había cámaras de video y ellos analizarán la información” indicó Ramírez.
Historial de opacidad
En diciembre del 2011 la SAAS clasificó como reservadas 48 actividades bajo su responsabilidad por los próximos siete años, utilizando una facultad de la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 23, de designar información como reservada cuando esta “pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia”.
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Entre la información clasificada se encuentran el control de uso de armas, los controles de vehículos y combustible, dispositivos y estudios de seguridad, planes de seguridad y escenarios, videos de la Casa Presidencial y Palacio Nacional de la Cultura, expedientes poligráficos, reporte de sitios o páginas visitadas por el personal, registros clínicos, entre otros.
Según Ramírez no tiene conocimiento si esta restricción de información sigue vigente.
A esta polémica en la SAAS se suma el retiro en septiembre del 2016 de Jorge Ignacio López Jiménez y César Augusto Sagastume, jefe y subjefe de la institución, separados del cargo por el presidente luego de ser señalados por congresistas de espionaje ilegal a civiles.
López Jiménez, además, tenía registrado a su nombre la empresa individual Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, nombre que coincide con el de la sociedad anónima Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala S.A., una compañía de la cual fueron capturados dos guardias de seguridad en abril del 2016 por presuntamente vender armas a pandilleros.
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