A las puertas del Censo de Empleados Públicos del Organismo Ejecutivo, a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec), el Gobierno enfrenta un desafío para poner en marcha un ejercicio diagnóstico sobre la creciente cantidad y calidad de los trabajadores estatales, como informó Prensa Libre el lunes.

Más allá del incremento de 21 mil nuevos puestos de trabajo en un trienio, esta recopilación ha quedado paralizada por la negligencia gubernamental, pese a que es información valiosa para entender los alcances del crecimiento de la burocracia, para lo cual es crucial la voluntad política del Gobierno para instruir a sus colaboradores y obtener información real.

Tanto en el censo general como en el burocrático, la información puede aportar datos precisos de los cuales dependerá en gran parte todo esfuerzo de planificación. Saber cuántos ciudadanos viven en las diferentes regiones permite desde la correcta asignación de recursos presupuestarios hasta la definición del peso político electoral de las regiones estudiadas, por citar tan solo un par de ejemplos de su valor.

Y en cuanto al Censo de Empleados Públicos, permitirá a los gobiernos actual y siguientes hacer las correcciones necesarias para adaptar los perfiles operativos del servicio público a las necesidades de las instituciones y los planes de nación.

Reiteramos que en ambos casos el elemento clave es la aportación de información fidedigna. La realidad sería gravemente desfigurada si el Gobierno se obstina en no llevar a cabo el levantamiento de esa información, para conocer el tamaño y características del aparato burocrático. Si tal y como se ha mencionado en más de una oportunidad en diferentes instancias, la planilla del Gobierno y sus instituciones ha sido parte del botín político, este será el momento en que tales taras saldrán a flote y se podrán hacer las correcciones del caso, con el agravante de que es el momento oportuno para esclarecer cualquier manipuleo.

Una situación como esta será motivo de preocupación entre quienes colocan a familiares o seguidores como empleados de gobierno en todas sus modalidades contractuales, pues quedará descubierta una subcultura donde hay clientelismo e intereses de otra índole que pesan negativamente sobre el presupuesto. Las responsabilidades deberán ser deducidas, por supuesto.

El Gobierno tiene en el Censo de Empleados Públicos la gran oportunidad de transparentar la calidad en una parte de su gasto. Ser colaborador del Estado debe ser un honor y debería ser inspiración para quienes integran esa masa laboral y operativa sobre la cual descansa el servicio a los ciudadanos; por tanto, es oportuno que esas posiciones permitan integrar conjuntos de servicio con la mayor calidad y mística posibles.

Pero si se posterga por más tiempo el conocimiento de esa información, el presidente Jimmy Morales se colocará en una incómoda posición ante el país y la comunidad internacional, porque se interpretará como una nueva falta al ofrecimiento de transparencia, condición sine qua non de la comunidad internacional para sostener o incrementar el apoyo a los proyectos de la Nación, con base en datos fidedignos.