Además señala que la Sala ordene al Juzgado Primero de Mayor Riesgo A que emita una nueva resolución y que de igual manera fundamente por qué resolvió conforme a una norma que no fue la solicitada por el militar, debido a que él pidió que se le aplicara el Decreto Ley 8-86, por considerar que este mantiene vigencia.
El decreto en mención otorgó una amnistía general a los militares y guerrilleros que cometieron diferentes hechos durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986.
Ríos Montt enfrentó juicio y el 10 de mayo último fue condenado a 80 años de prisión por el Tribunal A de Mayor Riesgo por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Sin embargo la CC, anuló el veredicto.
Respetará
El presidente Otto Pérez Molina, al pronunciarse respecto del fallo, indicó que no lo conocía, pero que lo respetará.
“Vamos a ser respetuosos de los tribunales, como siempre lo hemos sido. En este caso vamos a respetar la resolución de la CC”, dijo ayer el mandatario, después de haber participado en un acto en El Progreso.
Querellantes
Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellante en el proceso contra Ríos Montt, refirió que existe contradicción porque en una sentencia del máximo tribunal, del 13 de agosto último, se indica que “como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las citadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso y para el castigo de los responsables…”. Reyes leyó otra sentencia de la CC, en la cual el general Héctor Mario López Fuentes solicitó el mismo beneficio.
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Aseguró que la jueza primera de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, ya se ha pronunciado respecto del Decreto Ley 8-86, en una solicitud similar que hizo el general López Fuentes, sindicado de los mismos delitos que Ríos Montt.
La defensa
Francisco Palomo, abogado del militar, expresó que efectivamente la resolución del juez primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, tenía una carga ideológica.
“Aquí nadie se confunde, los jueces actuaron ideológicamente y sabían perfectamente qué querían aplicar y qué no aplicar. Lo que pasa es que no nos quisieron entender el planteamiento y ellos insistían en que nosotros estábamos invocando la Ley de Reconciliación Nacional, cuando en realidad invocamos desde el principio el Decreto Ley 8-86, que es una legislación anterior, en donde se amnistió a militares y guerrilleros”.
El Ministerio Público, por medio de la Oficina de Prensa, dio a conocer que no se pronunciaría, debido a que no había recibido notificación.
Ruta de impunidad
El legislador Amílcar Pop, del partido Winaq, se mostró molesto por el fallo y dijo que no es más que la ruta de la impunidad.
“La resolución es uno de los pasos a la ruta de la impunidad, con ella Guatemala está retrocediendo 60 años en la lucha por los derechos humanos. Se había dado un paso importante con los juicios que se han llevado a cabo en el marco de los crímenes cometidos durante la guerra, pero ahora se está sentando un precedente nefasto”, expuso Pop.
Ronald Arango, diputado de Todos, dijo: “La resolución de la CC deja un mal sabor de boca porque la población necesita que se esclarezcan los hechos que se dieron durante el conflicto armado interno, y para nadie es un secreto que hubo varias poblaciones arrasadas y los familiares están pidiendo justicia”.
La diputada Nineth Montenegro, jefa del bloque de Encuentro por Guatemala, refirió que la CSJ es independiente y la CC no puede interferir en las decisiones que allí se tomen, por lo que esperaría que se analice la opinión, pero “sin presiones de ningún tipo”.
Aseguró que teme que este tipo de decisiones se puedan tomar también en otras resoluciones, incluso en las que ya tienen sentencia. “Podría haber un efecto en cascada y eso no conviene para la justicia del país”, subrayó.
Valentín Gramajo, diputado del Partido Patriota, indicó que de alguna manera la decisión de la Corte afecta. “Si es sí, afecta para una cosa, y si es no, para otra. Lo que se puede entender es que sí—debe aplicarse la amnistía—, porque es retroactiva y debe de dársele a Ríos Montt”, aseveró.
Alfredo Rabbé, diputado independiente, expuso que la ley es la que debe dictar el camino a seguir, y “si en este caso la CC ordena que se revise, entonces las cortes son las que lo tienen que decidir y aceptar lo que ellos digan”.
Confirma a la CSJ
Héctor Reyes, abogado de Caldh, indicó que la CC lo que hizo fue confirmar la sentencia de la CSJ.
“Que quede claro que la CC en ningún momento dice que se aplique una amnistía, sino solo está confirmando el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
Análisis de ley
El abogado Francisco Palomo, defensor del general José Efraín Ríos Montt, indicó que lo que procede es que se analice el Decreto Ley 8-86.
“Debe analizar la ley que se le está invocando y si es aplicable la amnistía solicitada”, dijo Palomo.
Perfil del acusado
Nació en Huehuetenango, el 16 de junio de 1926.
En 1974 se postuló a la presidencia del país con la Democracia Cristiana. Ganó en votos, pero el Congreso no lo designó.
El 23 de marzo de 1982 fue llamado a dirigir un triunvirato, tras el golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García. Fue derrocado el 8 de agosto de 1983.
En 1990 fundó el Frente Republicano Guatemalteco, para postularse a la Presidencia.
Del 2000 al 2003 presidió el Congreso, luego lanzó su candidatura a la primera magistratura, tras varios disturbios, pero quedó en tercer lugar.
El MP lo acusó en el 2012 de delitos de lesa humanidad cometidos en su régimen.
