El espionaje contra dirigentes sociales, políticos, diplomáticos y periodistas es una práctica deleznable y solo revela el nivel de descomposición de un gobierno que se siente amenazado por las investigaciones anticorrupción. Es una acción abusiva, ilegal y corrupta porque desvía fondos provenientes de nuestros impuestos para vigilarnos. Según una investigación de Nuestro Diario, durante el gobierno de Pérez Molina, la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) gastó más de Q90 millones en el montaje de un sofisticado aparato de control de teléfonos celulares, computadoras y redes sociales. Pero esa operación no solo la efectuó el anterior régimen, sino que existen evidencias de que en la actualidad persiste ese aparato de espionaje y seguimiento contra personas que por sus opiniones resultan molestas a las autoridades de turno.

Durante el conflicto armado interno se sabía que los aparatos de inteligencia del Estado estaban al servicio de estructuras dedicadas a eliminar a potenciales opositores al régimen. Estaba en su pleno apogeo la doctrina de la seguridad nacional, cuyo objetivo era descabezar la supuesta amenaza comunista que se cernía sobre el país. El anticomunismo no identificaba matices políticos o ideológicos contrarios y solo veía enemigos que debían ser exterminados. Para eso montaron estructuras de espionaje y control contra ciudadanos porque su objetivo era lograr la permanencia de un régimen corrupto y sanguinario. Con la firma de los acuerdos de paz en 1996 no terminaron esas prácticas ilegales. Ahora vemos cómo ha vuelto a resurgir esa tendencia anticomunista que ve enemigos por todos lados y que cree que la lucha contra la corrupción solo es otra forma de manifestarse el diablo rojo.

La existencia de un sofisticado aparato de espionaje no puede verse al margen de estructuras de inteligencia alrededor de la cúpula de gobierno. Son esas roscas las que las han desarrollado, primero, para ganar espacios de poder y, segundo, para someter a control a los mismos gobernantes y a los gobernados. He visto análisis fantasiosos hechos por “expertos” militares que alertan sobre el resurgimiento de guerrilleros que supuestamente estarían detrás de la lucha contra la corrupción y cuyo objetivo sería dar un golpe de Estado. Esas estructuras castrenses son las que han vuelto a considerar necesario que la sociedad esté sujeta a control por la supuesta existencia de enemigos internos. Basta ver cómo en los últimos meses se ha intensificado el seguimiento de políticos, dirigentes sociales y periodistas que son molestos para la cúpula gobernante, y quienes forman parte de ese selecto grupo que está bajo el control de escuchas telefónicas y de sus redes sociales. Son también los hostigados por los netcenters que recogen ese pensamiento, si es que se le puede llamar así, anticomunista y difunden propaganda favorable al gobierno.

Frente a esta escalada de control ciudadano no nos podemos quedar callados. No se puede soslayar que la existencia de estos aparatos de espionaje y seguimiento tiene el objetivo de aplastar la lucha contra la corrupción. No hay vuelta de hoja. Hemos visto cómo el denominado PactoDeCorruptos en el que se incluyen diputados, gobernantes y dirigentes políticos tratan por todos los medios de desandar los avances alcanzados. Por eso es necesario que el Ministerio Público tome en serio su papel e investigue la existencia de estos aparatos de inteligencia y control ciudadano totalmente ilegales. La fiscal general Consuelo Porras debe dar muestras claras de su compromiso con la transparencia en la administración pública y, en este caso, con el desmantelamiento de estructuras ilegales de espionaje y la captura de quienes resulten responsables de su existencia.

@hshetemul