Guatemala

Oficina contra la tortura queda integrada un año después

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT) trabajó por 16 meses sin estar integrada; durante dicho periodo emitió informes que fueron utilizados a su favor por sindicados en casos de corrupción.

Javier Lainfiesta

10 de agosto de 2018

19:03h

Los miembros de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. (Foto Prensa Libre: Oficina Nacional de Prevención de la Tortura)

Entre el 25 de Marzo 2017 y el 9 de agosto de 2018, la OPT tuvo una actuación atípica, según lo define el relator de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano. Durante ese tiempo la oficina solamente estaba conformada por dos relatores, el mismo Solórzano y Silvia Villalta.

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A pesar de esto, los informes emitidos tendrían validez debido a una resolución judicial. “Los actos atípicos resueltos con anterioridad están respaldados en una revocatoria otorgada por la Sala Primera de lo Contenciosos Administrativo, entonces, como no estaba conformado el pleno, se tenía la facultad de poder regularizar la oficina y trabajar como se hizo”, explicó Solórzano.

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El pasado jueves, los tres relatores titulares y tres suplentes faltantes tomaron posesión de sus cargos dentro de la OPT, luego de que fueron seleccionados por el Congreso de la Republica el pasado 1 de agosto.

De esta forma, la instancia quedó plenamente integrada por los profesionales Cecilia Barrios Ortega, Otto Paz Kroell, Mario Veras Pappa y los antes ya mencionados.

A partir de ahora, explicó Solórzano, se conformaran equipos especializados que realizaran visitas programadas a cárceles, a centros de detención para menores de edad, hospitales y otras instituciones estatales.

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Asimismo, realizan visitas no programadas que son producto de denuncias que llegan a la oficina.

“El protocolo facultativo de Naciones Unidas dice que deben formarse dos equipos de dos relatores cada uno. Además, estos se complementan con el equipo multidisciplinario de profesionales, que incluyen un médico forense, criminólogo, educador, psicólogo, trabajador social, entre otros”, señaló.

Luego de las visitas, se remite un informe con recomendaciones a la autoridad correspondiente para corregir la situación y si no se cumplen con las mismas se pueden colocar denuncias, contó Solórzano.

Recurso de la defensa

Mario Cuevas, abogado defensor de Giovanni Marroquin Navas, sindicado en el caso Traficantes de Influencias, entregó a la jueza Décimo Abelina Cruz Toscano un informe de la OPT, en el señala que su cliente fue víctima de “tortura mental”.

Cuevas usó dicho informe para pedirle a la jueza separar del proceso a Andrei González, fiscal del caso. Además, presentó una querella penal en contra del investigador.

Sobre este extremo, Solórzano señaló que los informes de la Oficina no tienes como finalidad servir a la defensa sino velar por el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad.