El legislador señaló que pese a que ellos son los ponentes de la iniciativa se les presentó varios puntos de vista recabados por la diputados, que provienen de la sociedad civil.
Conde explicó que en la reunión los temas fueron abordados de forma técnica y que los magistrados se comprometieron a enviar por escrito en los próximos días un análisis de los temas que les fueron presentados.
“Nosotros llevamos unos cuadros comparativos la posición de cada una de las instituciones, tanto del sector público como privado, que vinieron a las audiencias de la comisión y sobre esos puntos abordamos y discutimos”, precisó el legislador.
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El diputado explicó que la comisión tiene hasta el 15 de agosto para entregar un informe circunstanciado al pleno, con lo cual se podrían proponer reformas a la iniciativa que le daría viabilidad a su aprobación.
Temas torales
La comisión recibió aportes de varias instituciones en varias mesas técnicas que se realizaron y los resultados fueron presentados a los magistrados.
El primero es el trámite del proceso, pues en la iniciativa se proponen que esta lleve cinco audiencias, pero hay muchas voces que dicen que deberían ser tres audiencias como máximo.
También se discute qué casos deben tener excepción para aplicar el beneficio, pues el proyecto ya contempla que no pueden optar quienes cometen delitos de lesa humanidad, genocidio, pero las asociaciones también propusieron que se incluyeran los delitos de agresión sexual y contra menores, además, hay que revisar otras leyes especiales como la de la delincuencia organizada, que ya pide que ciertas personas se excluyan de algunos beneficios.
Otro de los temas que se han discutido es el porcentaje de reducción de la pena a la que una persona acusada pudiera optar.
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La mayoría de criterios se inclinan porque existan reducciones del 50, 30 y 20 por ciento de la pena, dependiendo de la etapa procesal en la que la persona acepte su culpabilidad.
Otro de los temas que causó ruido fue que se busca que quienes sean beneficiados con la legislación quedarían sujetos a declarar y aunque ya se ha discutido que todos tienen obligación de hacerlo cuando un juez los cita, hay algunas condicionantes.
Por ejemplo, en la sala se discutió si el beneficio debe estar condicionado con la obligación de declarar, porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra parientes, ya que es una garantía constitucional.
Se discute, además, la necesidad de que exista una reparación digna para quien resulte agraviado, pero, la rehabilitación es un proceso muy prolongado por lo cual no se podría condicionar esto al otorgamiento del beneficio.
Por último, también se discute quién podría hacer la impugnación a la sentencia condenatoria, pues hay criterios de si el mismo procesado tiene derecho o solo la víctima.
La iniciativa 5311 fue presentada en agosto del año pasado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pretende reformar el Código Penal para hacer viable un mecanismo que permita que alguien acepté los cargos que se le imputen y a cambio reciba una pena menor.
Recibió el dictamen favorable en septiembre del 2017 por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero no fue sino hasta este año que se logró agendar para que el pleno la conociera.
Sin embargo, se formó un debate por falta de consensos y criterios divididos por las reformas que proponían y se acordó formar una Comisión Específica para analizar el dictamen de la iniciativa.
Dicha sala de trabajo tiene como objetivo recabar información de todos los sectores posibles, compararlos y analizarlos para posteriormente elaborar un informe circunstanciado que debe presentar al pleno.
Condiciones
Conde consideró que las condiciones en este momento para aprobar esta iniciativa son favorable. “Lo que tenemos que tener cuidado es no legislar algo que contravenga garantías constitucionales”.
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El legislador señaló que la iniciativa tiene mucha discusión técnica y tiene como valor agregado el diálogo entre poderes del Estado para fortalecerla, lo cual le da legitimidad.
Raúl Romero, jefe de la bancada Fuerza, acotó que es importante que este tipo de iniciativas fortalezcan el sector justicia, no generen impunidad, ayude a descongestionar el sistema penitenciario y reduzcan la mora judicial.
“Esto se logra con legitimidad y para ello es necesario escuchar e incorporar la propuesta de todos los sectores que quieran aportar y es la dinámica de trabajo que se ha mantenido”, aseveró Romero.
El parlamentario consideró que en la actualidad existen condiciones propicias para que sea aprobado. “Creo que con una redacción adecuada y con un diseño bien hecho tendría apoyo, además los últimos acontecimientos han generado conciencia de que hay que modernizar el sistema de justicia”, afirmó.
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Romero añadió que hay que tener presente que se debe legislar, no en función de una coyuntura, sino con una visión de Estado, “entendiendo que las modificaciones son necesarias”.
Juan José Porras, diputado de Visión con Valores, opinó que “con un semestre preelectoral y con otras iniciativas que están generando mucho ruido en el Congreso la iniciativa deberá sufrir un proceso”.
“Creo que la ley de aceptación de cargos podría estar a la cola de los otros interéses que los partidos quieran plantear, por ejemplo, reformar al artículo 407 N —financiamiento electoral ilícito—, es decir esas cosas que se deberán valorar”, señaló Porras.
Para el legislador, esta iniciativa debería estar como mínimo en la agenda general de temas que el Congreso debe discutir, aunque señaló que es probable que prevalezca “una agenda política”.
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