Ocurrió lo inevitable, y muy cerca de cumplir los tres meses de gestión, la fiscal general, María Consuelo Porras, presentó en nombre del Ministerio Público y con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala su primer caso de alto impacto, al solicitar a la Corte Suprema de Justicia tramitar el retiro de antejuicio al presidente Jimmy Morales y al juzgado respectivo el de la diputada Nineth Montenegro, para investigarlos por financiamiento electoral ilícito.

El partido Encuentro por Guatemala se une a varias agrupaciones políticas a las cuales se busca investigar por el movimiento de sus finanzas, tal y como ha ocurrido con FCN-Nación y la Unidad Nacional de la Esperanza, por sospechas de irregularidades.

Esta nueva solicitud de despojar de inmunidad al presidente Morales y a la diputada Montenegro no implica culpabilidad, y él trámite persigue que esa protección, que por cierto no existe en muchos países, sea levantada a fin de que los entes de investigación criminal puedan proceder a determinar y documentar los hechos.

Morales se convierte en el tercer gobernante que tanto el MP como la Cicig tratan de investigar por una práctica demasiado enraizada en la política guatemalteca, al extremo de que el financiamiento electoral no registrado llegó a convertirse en un factor decisivo en las últimas contiendas electorales y muchos recursos empezaron a llegar desde diferentes fuentes, incluidos grupos ligados al narcotráfico.

Esa vorágine de recursos oscuros incluso llegó a motivar a los diputados en 2016, después de la última contienda electoral, a que en el Congreso se introdujeran reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales por primera vez se aplicarán en los próximos meses y cuyo principal objetivo es limitar el flujo de recursos ilegales u oscuros que puedan enturbiar las elecciones generales del próximo año.

Lo que en Guatemala no se ha querido comprender es que el financiamiento a los partidos políticos no es malo ni ilegal, pero todo debe ser registrado y reportado a las autoridades electorales, precisamente para evitar que financistas ligados a grupos reñidos con la ley puedan inclinar la balanza en favor de determinados aspirantes o por aquellos con claros intereses financieros, como lo evidenció el caso Odebrecht.

En cuanto a Morales, esta solicitud se eleva ahora a la Corte Suprema de Justicia, la cual debe revisar que no se fundamente en criterios espurios y luego enviarla al Congreso, donde ya se han dado los primeros pronunciamientos, sobre todo por parte de quienes obviamente lo rechazan pero a su vez tienen cuentas pendientes con la justicia y prometen paralizar su avance. Por su parte, el de la diputada Montenegro queda en manos del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Lo que procede, como lo dijo el Gobierno en un comunicado, inmediatamente después de conocida la solicitud de antejuicio al presidente, es esperar que el procedimiento esté enmarcado en derecho y ajeno a intereses políticos, lo cual es correcto y debe aplicar a todos los involucrados, por el bien del fortalecimiento del estado de Derecho.