Es legal y correcta pero será infructuosa, lamentablemente, la decisión de aceptar las solicitudes de antejuicios contra el presidente Jimmy Morales y la diputada  Nineth Montenegro por haber recibido financiamiento ilícito, o convertido en tal a causa de no haberlo informado durante el desarrollo de la campaña electoral anterior.  Será en vano, porque al depender de la autorización del Congreso de la República constituye una garantía de impunidad. Sin embargo, esta primera acción de la licenciada Consuelo Porras a la cabeza del MP y de Iván Velásquez puede convertirse en una victoria moral de beneficio para borrar cualquier sospecha de dependencia gubernativa, aunque le represente anatemas de los enemigos políticos de su predecesora.

La razón de haber aceptado esta solicitud es muy fácil de entender: ambos, Morales y Montenegro, eran secretarios generales de sus partidos políticos durante la contienda electoral y recibieron dinero de origen oscuro y/o sin informar al Tribunal Supremo Electoral. A causa de los comicios llegaron a la presidencia y al Congreso, por lo cual al ser acusados de ese delito eleccionario se debe cumplir con el requisito de la autorización del parlamento. No debería haber duda alguna para los diputados, pero necesitan protegerse de la eliminación de la alta, de la misma forma como lo hicieron en el caso del transfuguismo. El TSE quedó bien ante la ciudadanía, como lo hace ahora el MP, y el Congreso agregó una mancha más a su larga lista acciones burdas.

Jimmy Morales ha sido el centro de varias solicitudes de antejuicio, todas rechazadas a su favor. De ellas, a mi juicio tenían base la referente a haber aceptado 50 mil quetzales mensuales adicionales a su sueldo, por cierto el mayor de todo el continente; el ocultamiento del dinero utilizado para pagar los emolumentos de los fiscales de mesa en las elecciones, y el actual. El sobresueldo se debe considerar, según el vocabulario chapín, un vulgar chaquetazo, pero el ocultamiento de donativos electorales no puede ser justificado de ninguna forma. Seguir los procedimientos legales por ningún motivo es una persecución política, y su publicación en la prensa igualmente no es prueba de una oscura asonada en su contra, como algunos empecinados aseguran, sumidos en su ignorancia.

A causa de este seguramente fallido intento de aplicar las leyes, el arma legal de retirar los antejuicios a los altos burócratas, comenzará a ser una zarpa de tigre de peluche. Seguirá manteniéndose la falta de voluntad política, porque esta no pasa de ser politiquera. Pese a ello, tanto el MP con Consuelo Porras como la Cicig deben continuar con su tarea: perderán estas batallas pero al fin ganarán el juicio de la historia, sin importar quiénes encabecen esas instituciones. Y como ya se estableció el precedente de la solicitud pública de disculpas por otorgar financiamiento ilícito, es lógico pedir una actitud similar a Jimmy Morales y Nineth Montenegro por haberlo recibido. No es mucho pedir, hasta en un país inmerso en las garras de la impunidad.

CARTA DE LA AGG. El presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, ingeniero Manuel Gordo, tuvo la amabilidad de enviarme una carta cuya parte conducente señala: “las actuaciones y comentarios de los miembros de la Junta Directiva o de nuestros asociados, no constituyen ni representan la postura oficial de la AGG”, la cual “respeta el derecho a la libre expresión de sus asociados y de todos los ciudadanos”. “Las posturas propias de la AGG se plasman en los comunicados oficial, producto de una decisión colegiada de su Directiva”, Se refiere a las injurias y calumnias de Ramón Zaghi, quien en correo electrónico fue calificado de “tener falta absoluta de materia gris”, “no ser educado y menos inteligente”. Menciono esto porque en otro correo me calificó de “senil”.