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Entre los tributantes investigados administrativamente se cuenta una amplia gama de grandes, medianos y pequeños, entre jurídicos —empresas— e individuales.
La Gerencia ya no puede solicitar información financiera de contribuyentes a los juzgados especializados en materia tributaria, por la suspensión provisional del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario, que resolvió la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 3 de agosto.
Esa gerencia era la encargada de hacer los requerimientos y los respectivos análisis. Además, tiene a su cargo mantener en resguardo la información de los expedientes.
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Los juzgados tramitaron 140 solicitudes de información bancaria para fines de investigación tributaria.
La Gerencia fue creada con las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que aprobó el Congreso, para coadyuvar a la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados.
Base de datos
En el 11 piso del edificio Dubái Center, unos 53 técnicos procesan la información de los contribuyentes, divididos en cinco unidades.
El gerente de investigación fiscal, Jorge Raúl Van Der Henst Diéguez, explicó que cerca del 75% de los casos son declaraciones en los impuestos sobre la renta (ISR) y sobre el valor agregado —doméstico e importación—, así como aduaneras para la internación de las mercancías.
Los análisis empiezan desde el registro tributario unificado (RTU), las bases de datos internas, solicitudes a los juzgados hasta el intercambio de información financiera con otros países.
Van Der Henst Diéguez añadió que operan de acuerdo con las solicitudes presentadas por las intendencias de Aduanas, Fiscalización y Asuntos Jurídicos, en particular con algún contribuyente.
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“Hacemos análisis transversales de los contribuyentes, con toda la información disponible, y se entregan a las intendencias datos desde lo macro hasta lo micro”, explicó.
Las intendencias son las que les dan el respectivo uso a los hallazgos, ya sea para practicar alguna auditoría, hacer ajustes tributarios o bien cursar las denuncias a los órganos competentes, añadió el gerente de Investigación Fiscal.
En el equipo de análisis de la Gerencia participan tres exfuncionarios del Ministerio Público, auditores y contadores, así como administradores e ingenieros.
El funcionario negó que existan diferencias con otros auditores, sobre todo de la Intendencia de Fiscalización, por la posible filtración de información a las contribuyentes que puedan ser objeto de investigación.
Accesos
Luis Fernando Samayoa, directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que a pesar de que la CC resolvió suspender de manera provisional el artículo que permitía a la SAT solicitar información de los contribuyentes a través de los juzgados, el sector financiero está colaborando con las peticiones que eleve el Ministerio Público.
“Siempre hay acceso a las cuentas bancarias, y lo que la CC dejó en suspenso fue un procedimiento más ágil para ellos”, afirmó.
Recordó que lo que en Guatemala ha existido es un acceso restringido a la información bancaria, y los requerimientos del MP siempre han sido atendidos con las órdenes de juez competente.
En todo caso, explicó, la SAT tenía una vía expedita para solicitar información de los contribuyentes.
El gerente añadió que se tienen varias solicitudes de información bancaria que están en gestión y que los jueces aprobaron, por lo que esa información no será utilizada cuando se reciba.
El funcionario garantizó que los datos de los tributantes quedarán en resguardo de la Unidad de Gestión de Información.
Gerencia cuestionada
El diputado Orlando Blanco dijo que la Gerencia de Investigación Fiscal ha generado dudas en las últimas semanas sobre su funcionamiento, y lo que debe existir es una reglamentación de su quehacer.
“Si bien es una gerencia de apoyo para combatir la evasión y defraudación, se deben transparentar sus procesos. Lo que se quiere evitar es que exista persecución a determinados contribuyentes”, afirmó.
Mientras, el diputado Juan Ramón Lau presentó una denuncia el pasado 1 de agosto al MP, por considerar que la Gerencia es ilegal y que fue creada en base a un reglamento del 2016 que no fue publicado en el diario oficial.
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