“El convenio es un plan para llevar a cabo, en el futuro próximo, los pasos necesarios para materializar los conceptos de democracia y pluralismo, elecciones libres y auténticas y el acceso a la justicia electoral, la cuales son fundamentales para la promoción y garantía de los derechos humanos, los cuales son un objetivo común para ambas instituciones”, señaló Aguilar Elizardi.
El acuerdo firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, para la creación de la Cicig, en una de sus cláusulas, tiene como objetivo fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado.
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“Uno de los informes de la Cicig expuso los mecanismos por los cuales se ha financiado la política en Guatemala, develando el daño que puede sufrir la democracia, haciéndose especial énfasis en la infiltración de dinero ilícito en el financiamiento de las organizaciones políticas”, refirió el presidente del TSE.
“Nuestra relación con el TSE ya viene de varios años, precisamente para el cumplimiento adecuado de la función de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, apoyamos la creación y acompañamos una mesa integrada por todas aquellas entidades que tiene la obligación de suministrar la información que permita a esa unidad de fiscalización a ejercer adecuadamente su labor y por ese entonces apoyamos el mecanismo de apoyo interinstitucional”, refirió Velásquez.
El comisionado añadió que el financiamiento electoral ilícito ha sido el “germen” de una parte de la “corrupción” en el país. Al amparo de ese financiamiento electoral ilícito se ha construido redes que afectan el verdadero funcionamiento del Estado.
“Según su mandato, también faculta a la comisión de generar propuestas que permitan liberar el Estado, de manera que esas estructuras criminales no tengan el espacio propicio para su permanencia, para su reproducción y su reinstalación”, dijo Velásquez.
El convenio de cooperación tiene 12 cláusulas, entre las que se encuentra que el plazo del instrumento jurídico tiene un tiempo indefinido.
El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, anunció una acción de amparo que presentará en contra de este convenio para invalidarlo. Integrantes de esta fundación fueron parte del grupo que irrumpió en el TSE para increpar al comisionado Velásquez y criticar el convenio.
En noviembre del 2016 la Cicig fue testigo de honor en la firma de un convenio entre el TSE con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), para facilitar el intercambio de información necesaria para la eficaz fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas.
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Por el momento el TSE tiene inscritas a 25 organizaciones políticas, pero dos están suspendidas y una está en proceso de cancelación. Mientras que se reportan nueve comités proformación de partido políticos, de los cuales cinco ya están por tener el estatus de partido.
Otros convenios
Además del convenio firmado con el TSE, la Cicig ha suscrito otros con el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
En el tema del programa de cultura de legalidad, la Cicig han firmado convenios con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; por último hay otro convenio con el Observatorio Judicial.
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