El Tribunal rechazó los señalamientos, pero dio trámite al recurso y elevó las actuaciones. No obstante resolvió que la audiencia continuaría.
Luego, el abogado defensor de Pablo Roberto Gonzales Barrios, el exsecretario de Agua y Saneamiento durante el gobierno del Partido Patriota, presentó una acción de excusa. Esta fue rechazada por ser considerada por los jueces como “frívola e improcedente”.
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El abogado de Gonzales Barrios insistió que no se realizara la audiencia teniendo en cuenta que el juez había sido recusado, no obstante, esto no cambió la opinión del Tribunal. Luego, el mismo abogado volvió a tomar la palabra para pedir que se suspendiera la audiencia pues no había preparado el interrogatorio para los testigos, pero la diligencia continuo.
En otro intento de retrasar la audiencia, Roxana Baldetti pidió la palabra al Tribunal, pero no se la concedieron debido a que ella había rechazado con anterioridad pronunciarse en relación al recurso que presentó su abogado. “Esto es un nuevo atropello, señor juez”, dijo Baldetti.
La declaración
Finalmente la defensa comenzó a llamar a sus testigos, la primera: Karen Cardona, la vocera de la Vicepresidencia durante la gestión de Baldetti. Durante poco más de 20 minutos, Cardona habló de su participación en la Vicepresidencia como asesora de comunicación.
Se le cuestionó concretamente sobre la conferencia que organizó Baldetti para socializar con la prensa el proyecto de limpieza del lago, extremo que fue confirmada por la excolaboradora. “Yo únicamente recibía instrucciones de quien en ese entonces era la vicepresidenta, entonces fue ella quien me dio la instrucción de llevar a cabo una conferencia de prensa”, señaló.
La testigo indicó que no recordaba con certeza los detalles de la organización del evento con los medios, por lo que no pudo especificar quién cubrió los costos de la misma, aunque sí reconoció que la empresa M. Tarcic Engineering se ofreció a cubrir algunos gastos.
El caso
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.
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De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.
Del total, el Estado de Guatemala desembolsó a M. Tarcic un monto de Q20.7 millones antes de que fuera rescindido el contrato.
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