La última semana al Congreso llegaron instituciones gubernamentales a fijar su postura respecto a ambas iniciativas, el resultado: la destitución de la jefa de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Ana Leticia Aguilar Theissen, quien se mostró a favor de ambas leyes, específicamente en la de Protección a la Violencia Sexual a las Niñas, que en su artículo 7 propone despenalizar el aborto en casos específicos de violencia sexual a niñas menores de 14 años.
Las organizaciones entre civiles y religiosas se enfrascaron en un diálogo que por momentos subió de tono debido a las posturas contrarias por el aborto.
De hecho, mientras algunos representantes de organizaciones deban sus puntos de visa otros levantaban panfletos con oraciones que hacían ver la problemática de las niñas abusadas sexualmente.
Incluso cuando alguien terminaba de dar su punto de vista fue común que quienes los apoyaban aplaudieran efusivamente.
Según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, la destitución no obedece a lo dicho por la ahora secretaria, aunque se le haya separado del cargo un día después de verter sus declaraciones en el acto público y la Seprem haya emitido un comunicado guardando distancia del artículo 7 de la ley, el que despenaliza el aborto.
Lea también: Menor de 12 años habría abusado de niña de 3, autoridades investigan el hecho
El vicepresidente, Jafeth Cabrera, fue más directo. Al ser consultado sobre la separación del cargo de Aguilar Theissen, solo recordó que el presidente tiene la facultad de hacerlo, y lo hizo.
Discusiones públicas
Otros que han dado su opinión favorable a las iniciativas de ley son el Registro Nacional de las Personas; en el caso de la ley de identidad de género, opinó que cumplirían con la ley y los registros, si así se los mandan.
Para la Procuraduría de Derechos Humanos, que también participó de las discusiones en el Congreso, aún se debe discutir si se puede despenalizar el aborto, sobre todo en el ámbito jurídico, ya que podría ser contrario al artículo 3 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger la vida desde su concepción.
Más de 60 grupos de la sociedad civil también tuvieron su espacio en el Congreso, la pasada semana. Las posturas fueron divididas.
Para Gente Positiva y Mujeres Transformadoras del Mundo, un embarazo forzado puede significar una tortura para las niñas y la interrupción de este podría ser de mucha ayuda.
“Sí el pleito es la interrupción voluntaria del embarazo no hay ningún problema, se puede modificar, pero no se vale condenar toda una ley por un artículo, máximo cuando habla de la reparación digna a la niña y que se debe aprehender al violador”, afirmó Gabriela Dávila, de Gente Positiva.
En el otro extremo, el grupo Abogados por Guatemala y la Asociación por el Derecho a Vivir, se manifestaron en contra de dictaminar una ley que busca despenalizar el aborto, aunque sea en condiciones específicas.
En principio, aseguran que darle tramite a esta propuesta de ley está violando la norma constitucional. Estos grupos dejaron claro que un aborto es interrumpir una vida, lo que deberá considerarse un homicidio.
La Pastoral Familia de la Conferencia Episcopal de Guatemala también se mostró en contra de la iniciativa de Protección a la Violencia Sexual a las Niñas, por el tema de la despenalización del aborto.
Señaló “con preocupación” que la iniciativa 5376 “pretende legalizar el aborto dentro de las 12 semanas de gestación y no plantea una solución real para la violencia, explotación sexual y la trata de personas sean erradicadas”.
En esta pide que se rechace “cualquier ideología que quiera ser implantada en nuestro país a través de una legislación que atenta contra la vida humana, especialmente la vida de los más indefensos, como pueden ser los bebés en el vientre de sus madres”.
“Tal como pasó en Argentina recientemente, que defendió las dos vidas, les pedimos que como iglesia nos unamos representando el cuerpo de Cristo, […] para participar en la Gran Marcha Nacional Guate por Vida donde se manifestará que estamos en favor de la vida y la familia”, señala el documento.
Lea también: Conmociona muerte de menor de 13 años que ya era madre
En el Congreso
El apoyo legislativo también está dividido, en caso las iniciativas logren salir de la Comisión de la Mujer con un dictamen favorable.
Diputados con bastante protagonismo político, como Estuardo Galdámez y Felipe Alejos, ambos integrantes de la Junta Directiva, han sido abiertamente en contra de ambas propuestas, incluso, han reconocido públicamente que sería un error que lleguen a discusión al Pleno.
Sobre la propuesta de identidad de género, los comentarios del oficialista Galdámez, incluso, han generado una polémica puntual: Dios debe “regenerar” a los homosexuales.
“Yo le pido a Dios que ayude a esa gente que está confundida en su conducta y en su vida. Ojalá Dios, con su fuerza, pueda regenerarlos y vuelvan a confirmar sus convicciones y sus principios”, dijo Galdámez.
Yo pondré el nombre de Dios primero y en alto en todas las facetas que me toque afrontar mientras tenga vida. Y esto lo haré le guste o no a usted. Así que puede iniciar a brincar linchar y relinchar que no me va doblegar ni persuadir en nada
SI DIOS CONMIGO QUIEN O QUE CONTRA MI https://t.co/OYE9pAYtYj— Estuardo Galdamez (@Galdamez_Kaibil) August 22, 2018
El primer presidente del Congreso, Felipe Alejos, ha dicho que no apoyará ninguna agenda que atente contra la vida: “No apoyaré ninguna agenda extranjera que viole nuestros principios. Defendamos la vida, defendamos a nuestra sociedad. Es abominable pensar que la muerte de un inocente puede solucionar algo”.
Agrega: “Rechazo cualquier intento de aprobación de iniciativas para legalizar el aborto”.
Sandra Morán, integrante de la bancada Convergencia y ponente de las leyes, asegura que, la de identidad de género solo busca darle derechos a la comunidad LGTBI, a través de una legislación que garantice su seguridad y derechos civiles.
Sobre la ley de Protección de la Violencia Sexual a las Niñas, asegura que solo se busca cuidarlas de los abusos a los que son sometidas y combatir los altos niveles de impunidad que hay sobre los agresores, la mayoría de las veces familiares.
El diputado Anibal Rojas, presidente de la Comisión de la Mujer, por el momento ha guardado su postura y sostiene que al finalizar las audiencias la discusión seguirá en la sala de trabajo, donde se buscarán los dictámenes, que pueden ser a favor o en contra.
Contenido Relacionado
> Debaten sobre interrupción de embarazo en niñas víctimas de abuso
> Caso de niña de 11 años embarazada que no quiere abortar genera polémica en Uruguay
>Niños recorren las calles para pedir protección para la niñez guatemalteca
