De acuerdo con la más reciente medición, que se realizó en el 2015, la desnutrición crónica afecta al 47 por ciento de los menores de 5 años en el país, mientras los ofrecimientos de los últimos dos gobiernos de reducirla hasta en 10 puntos porcentuales se quedaron en promesas.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó de “preocupante” el aumento de este padecimiento que se acentúa en regiones rurales habitadas por población maya, donde la desnutrición afecta hasta ocho de cada 10 niños, debido a una dieta basada casi en su totalidad en tortillas de maíz, lo cual causa “daños con efectos permanentes en los niños y niñas”.
La desnutrición crónica en la niñez causa efectos devastadores en la vida adulta, por ejemplo, retardo en el crecimiento del cerebro, lo que condena a una persona al subdesarrollo.
Voluntad Política
Expertos consultados coinciden en que para lograr una reducción significativa de la desnutrición crónica es imprescindible contar con la voluntad política de las autoridades del Estado, sobre todo del gobierno, quien tiene a su cargo ejecutar las políticas y presupuesto y coordinar a las principales instituciones que tienen el mandato de combatir el problema.
“Hay una serie de problemas por los cuales el país no avanza. Si no hay voluntad política esto no camina”, señaló Ramiro Quezada, especialista de salud y nutrición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Francia Tercero, investigadora socioeconómica
El experto expuso que la voluntad política de las autoridades debe ir encaminada a mejorar el presupuesto asignado a la niñez, que hoy en día es apenas el 3 por ciento del Producto Interno Bruto; además, mejorar la coordinación entre las entidades gubernamentales, municipalidades y las comunidades.
Al hablar de los principales retos en el combate a la desnutrición que tiene el próximo gobierno, el experto expuso que “urge que alguien tome las decisiones” para hacer funcionar la maquinaria gubernamental en favor de la niñez; así como hacer que el gobierno reconozca que la desnutrición es un problema grave y que lo deben abordar de manera seria.
“Los gobiernos lo saben, lo que sucede es que no le han puesto la atención debida al problema porque las acciones son demasiado desarticuladas”, afirmó Quezada.
Dentro de las acciones prioritarias enumeró: ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar la capacidad de las instituciones gubernamentales, la implementación del programa de transferencias condicionadas “a familias que realmente lo necesitan”, e impulsar el protagonismo de la mujer en el área rural.
También garantizar el acceso a agua entubada y servicios de saneamiento a las comunidades vulnerables, así como asegurarse de que las familias tengan un piso adecuado en sus viviendas.
Por su parte, Andrea Aldana, defensora de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que los avances que ha tenido Guatemala en los últimos 50 años han sido “lentos” y “modestos”, y uno de los principales problemas es que no se cuenta con estadísticas actualizadas sobre desnutrición crónica.
Ricardo Quezada, analista de Unicef
Por ejemplo, afirmó que no se puede medir el impacto de las políticas impulsadas por los gobiernos, como la estrategia nacional para la disminución de la desnutrición crónica de la actual administración; la cual, pareciera, se quedó solo en un plan.
Aldana coincidió con otros especialistas en que ha faltado voluntad política para que las instituciones funcionen de forma coordinada y ejecuten eficientemente su presupuesto. En ese sentido, señaló que el liderazgo de la vicepresidencia, institución que por mandato legal debe coordinar el tema, se ha visto debilitado, lo que ha provocado un “efecto cascada” que hace que las estrategias no funcionen hasta el nivel más local.
