Las aprehensiones fueron ordenadas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, a cargo de Silvia de León Santos, y se desarrollaron en distintas áreas de la capital, incluidas las policlínicas de las zonas 1 y 9.
La Fiscalía señala a Aval Zamora como cabecilla de una estructura que presuntamente utilizó unos Q12 millones del IGSS para beneficio de los integrantes de la red.
Otros apresados son Mynor Rodolfo Robles Valle, subgerente administrativo, y Marco Vinicio Rivera García, del Departamento de Servicio y Apoyo.
Se les señala de estafa propia, incumplimiento de deberes, peculado por sustracción, peculado por uso, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, cobro ilegal de comisiones o cobro indebido en concurso ideal y continuado.
Las autoridades presentaron a 17 de los detenidos ante la jueza De León Santos, quien les informó las razones por las cuales se ordenó su captura. Todos quedaron en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales.
En tanto, Aura María Villegas fue internada en un hospital privado, ya que sufrió quebrantos de salud.
La denuncia
El 10 de junio último, la Subgerencia de Transparencia del IGSS denunció una serie de supuestas transacciones irregulares. El caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Esa dependencia permaneció cerrada desde el 2009 y se reactivó en junio último, lo cual permitió detectar las supuestas transacciones irregulares.
En la denuncia se indica que Aval Zamora autorizó la construcción de un edificio en Morales, Izabal, destinado a albergar clínicas del Seguro Social en aquella región, explicó el fiscal Paulo Rubén Similox.
“La obra que se había planificado no tenía un techo presupuestario. Sin embargo, se afirmaba que se utilizarían Q1.4 millones”, indicó Similox.
El proyecto debía concluir en dos meses, pero hasta el momento de presentar la denuncia solo tenía el 70 por ciento de avance y se habían erogado Q7 millones.
La Fiscalía espera que concluya una auditoría de la construcción, ya que se piensa que a la fecha se usaron unos Q12 millones.
Los departamentos de Servicio y Apoyo, y Mantenimiento, así como empleados de ambas dependencias habrían sido usados para trasladar el dinero.
Dinero que falta
En conferencia de prensa, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, refirió que el MP investiga el destino que se dio a Q4.5 millones, debido a que aún no hay justificación para esa erogación.
Cuando se le preguntó si Luis Reyes Mayén, expresidente de la Junta Directiva del IGSS, tenía orden de captura, dijo que la investigación está en curso y que podría haber más personas involucradas.
El presidente Otto Pérez Molina indicó anoche, luego de una reunión del Gabinete de Seguridad, que fue una actuación rápida, no solo de las nuevas autoridades, sino también del MP. “Es un mensaje que se envía a funcionarios de que las cosas no deben quedar en la impunidad”, manifestó.
Hay detenciones pendientes
Unas ocho capturas de extrabajadores del IGSS están pendientes de ejecutar, según el presidente de la junta directiva de esa institución, Juan de Dios Rodríguez.
El funcionario dijo a Prensa Libre que las detenciones de ayer son resultado de auditorías efectuadas por la nueva administración, las cuales revelan malversación de fondos y robo de materiales y dinero por parte de antiguos trabajadores.
“Materiales que estaban asignados para construcción hospitalaria se iban para construcción de vivienda”, aseguró.
Rodríguez indicó que no se puede cuantificar el monto de los recursos que se malversaron, ya que también se hicieron pagos a personas que no debían recibir ese tipo de beneficio económico.
“Ahora solo hay que esperar el procedimiento penal que le vayan a implementar a cada uno de los capturados y esperar sentencias condenatorias o absolutorias”, refirió.
Proceso criticado
El cambio de presidente del IGSS tuvo altibajos y terminó en un pulso entre la estructura encabezada por Luis Reyes Mayén y el mandatario Otto Pérez Molina, hasta que este impuso a su secretario privado, Juan de Dios Rodríguez.
El cambio comenzó el 7 de enero, cuando Pérez Molina anunció la destitución de Reyes Mayén al aducir que había finalizado su período al frente del IGSS. La batalla legal, que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), se prolongó durante cuatro meses.
Reyes Mayén, al enterarse de su remoción, el 10 de enero presentó, por medio del entonces gerente del IGSS, Arnoldo Aval, una acción de inconstitucionalidad contra el cambio.
La CC denegó el amparo de Aval, con lo cual dio vía libre para que Rodríguez pudiera asumir, cargo que recibió dos días después, en medio de la división entre sindicatos del IGSS y el rechazo de sectores como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
El 2 de abril, al menos 15 agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad llegaron al IGSS e irrumpieron por la fuerza para que Rodríguez tomara posesión. Un día después la Junta Directiva reconoció al nuevo presidente.
Cuando se pensaba que todo estaba consumado, en redes sociales se difundió un video en el que Reyes Mayén sostenía relaciones impropias con una trabajadora del IGSS. Le siguieron al menos tres videos más.
El 19 de abril, el todavía gerente, Arnoldo Aval, quien presentó la acción en la CC contra Rodríguez, dio a conocer su renuncia a la institución.
