Deben ser aplaudidos todos los esfuerzos en la lucha para terminar con la desafortunadamente tan común violencia en contra de la mujer. Evidentemente, esa violencia no solo es física, pues a una esposa, conviviente, subalterna, amiga, no solo con golpes físicos se le puede causar dolor y daños a su personalidad. La violencia doméstica es uno de los más claros ejemplos de cobardía porque la fuerza física de la mujer es menor a la del hombre. Hay casos contrarios, por ejemplo, cuando es agredida una mujer experta en artes marciales. Y muchas veces el instinto de supervivencia provoca la salida de fuerza inesperada de parte de una mujer agredida por cualquier hombre en cualquier circunstancia.

Hay violencia emocional, cuyos efectos son iguales o peores. La constante humillación por medio de demostraciones de machismo, insultos, burlas, menosprecio, exclusión de decisiones familiares, acoso en cualquier forma o por cualquier motivo. Uno de los avances para comprender la gravedad de este asunto ha sido la comprensión y aceptación de su existencia. La salud emocional de la mujer es doblemente necesaria porque su debilidad puede afectar al resto de la familia, sobre todo a los hijos de corta edad. Pero es una lucha constante para convencer a hombres y mujeres de la existencia de ese flagelo social. Los avances para aceptar esta realidad son difíciles de lograr, y ocurren a paso lento.

Sin embargo, se puede abusar de ese derecho. Y ocurre cuando toda acción dirigida a una mujer se considera necesariamente un producto de misoginia —odio o rechazo a la mujer— machismo y todas las lacras de esa índole. No se puede acusar a un juez de aplicar una ley por motivos de esa clase, porque existe para todos. En el campo de la política, incluyendo la politiquería practicada en Guatemala, carece de base real y es un retorcimiento nefasto cuando las mujeres se defienden en términos de abuso a la mujer si son criticadas por acciones ilegales o incorrectas en el ejercicio de la práctica de una actividad tendiente a la rudeza, aun dentro de las reglas admitidas.

Varios son los casos de mujeres practicantes de la politiquería criticadas en la prensa, cuya reacción es recurrir a juezas para lograr, con éxito, decisiones basadas en considerar a esas publicaciones como violencia psicológica contra la mujer. No tiene sentido, y en otros casos se han lanzado acusaciones en juzgados penales, con el fin de sentar un precedente en contra de la libre expresión, en vez de dirimir los casos en un juzgado de imprenta, como corresponde. Ha habido intentos fracasados. Ríos Montt quiso considerar a las críticas como desacato, es decir irrespeto a la autoridad, figura desterrada de la jurisprudencia guatemalteca. En el fondo, todas esas acciones tienen como fin silenciar a quienes contradicen la verdad oficial gubernativa o de otros sectores.

En el caso de la canciller Sandra Jovel, dentro de los temas ajenos para ella se encuentra el de la relación funcionarios y medios informativos. Por eso actúa como lo hace, sin darse cuenta del daño causado por sus palabras y sus acciones para los casos verdaderamente importantes protegidos por esta ley, es decir aquellos de las mujeres comunes y corrientes amenazadas y afectadas por violencia o de otros abusos de cualquier tipo contra su integridad y dignidad personales, en su vida cotidiana familiar, laboral, académica, etcétera. Dicho en pocas palabras, quienes participan en las luchas políticas, aquí y en todo el mundo, deben tener claro: es un campo de juego duro, aunque, claro, no debe ser sucio.