El profesor Douglas North (1920-2015) escribió muchas cosas interesantes. Su enfoque en las instituciones, como factor fundamental del desarrollo económico, entre otras, le valió un Premio Nobel de Economía en 1993. En un libro dedicado al análisis de la transformación de las economías poscomunistas —Transforming Post-Comunist Political Economies—, el profesor North escribió el capítulo introductorio. Su reflexión se aplica, creo yo, a la situación de Guatemala en la actualidad. Por supuesto, no por el hecho de que sea un régimen poscomunista transitando a una economía de mercado, sino porque atraviesa por un proceso de transición de un régimen de “democracia, legalidad y economía de mercado aparentes” a otro régimen que, por cierto, todavía está por verse.

En esa obra el profesor North concluía que, tanto cuando se transita de una economía de intercambios personales a una de intercambios impersonales, o de una economía de mandatos a una de mercado, “…la necesaria reestructuración institucional —tanto política como económica— ha sido un gran obstáculo, y sigue siendo un gran obstáculo para las economías del tercer mundo y en transición. La dificultad proviene del hecho de que el sistema de creencias que ha evolucionado como consecuencia de la acumulación de pasadas experiencias de la sociedad, no ha capacitado a sus miembros para enfrentar y resolver problemas…” (Pp. 17 y 18. Traducción propia).

Creo que está claro que Guatemala necesita una reestructuración institucional. Su sistema de justicia simplemente no produce, para la población en general, lo que debiera producir: “justicia” —y sus derivados, la certeza jurídica y la paz social—. Las relaciones del Estado con sus “trabajadores” —así se les concibió en la Constitución y así se les entiende— es absurda, tanto porque viven confrontados como también porque “los patronos” son, en última instancia, la misma población a la que los “trabajadores del Estado” debieran servir. Por tanto, el servicio civil tampoco entrega lo que debiera: unos cuadros de funcionarios públicos profesionales enfocados en servir a los ciudadanos bajo el “equipo político” de turno, todos, bajo la Ley. El régimen electoral ha sido diseñado por políticos para políticos —y sus organizaciones—. En una cascada que va desde el secretario general hasta el más modesto delegado municipal del partido, todos “invierten” dinero propio o de inversores interesados en “el proyecto” y, una vez en el poder —sea en el oficialismo o en la oposición—, se dedican a negociar sus cuotas de poder para hacer redituable su inversión. El régimen electoral tampoco entrega lo que debiera. El régimen económico no garantiza la competencia en mercados abiertos, para beneficio del público consumidor. Ahí donde existe, se torna imperfecta porque los fenómenos de competencia desleal impune son múltiples y van desde el comercio con productos espurios hasta las redes de corrupción aduanera. Donde no existe la competencia o se limita, se genera una de dos cosas: la transferencia de rentas antieconómicas de los consumidores a los empresarios, o los mercados negros.

Quizás estos problemas no se resuelvan por las élites de Guatemala por lo que explicaba el profesor North: hay un sistema de creencias que no las ha capacitado para enfrentarlos y resolverlos. Sin embargo, mientras más tiempo pase sin la reestructuración institucional, más graves se harán esos problemas.

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