La emergencia fue declarada con el “propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria”, señala el decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta.
La intervención de los centros penales se da luego de varios episodios de violencia ocurridos en los últimos meses a causa de los problemas de seguridad en las cárceles del país, aquejadas por el hacinamiento.
Al menos una docena de personas, de ellos cuatro menores, han muerto durante motines registrados en cárceles de “máxima seguridad” y centros de internamiento para menores en los últimos dos meses.
El Poder Ejecutivo también ordenó la intervención del sistema penitenciario nacional por seis meses, que incluye al Instituto Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, y nombró una Comisión Interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
“La emergencia decretada facultad a la comisión interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos de personal que se considere innecesario”, añade el documento.
La directora y el subdirector del Instituto Penitenciario, Rosa Gudiel y Germán McNeil, así como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), Felipe Morales, han sido destituidos de manera temporal, aunque no precisa las razones.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por unas 30 cárceles y alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
La junta interventora tendrá entre sus funciones lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penales, así como en los centros de internamiento para menores infractores, “priorizando los de máxima seguridad”.
Además, deberá presentar al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, una propuesta integral de reestructuración basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria que incluye, entre otros, “lo normativo, lo procedimental, lo administrativo y presupuestario”.
Asimismo, establecer un proceso de ordenamiento de atención médica de los presos en coordinación con la Secretaría de Salud y el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público.
La junta interventora también debe implementar un nuevo sistema de comunicación con los presos que incluya, entre otras, todo tipo de visitas y comunicación telefónica.
También debe habilitar o construir la estructura física o tecnológica que permita implementar el sistema de audiencias virtuales, y establecer un centro de monitoreo nacional.
El decreto ejecutivo señala que la comisión interventora debe proponer “soluciones” para reducir la población en los centros penales, para lo cual puede contratar expertos nacionales o internacionales en materia penitenciaria.
La comisión interventora debe rendir al gobernante hondureño un informe de avance de las acciones y las recomendaciones para la restructuración, modernización y mejora del sistema penitenciario.
En 2017, el Gobierno de Honduras inició una transformación del obsoleto sistema penitenciario del país, desde donde el 80 % de los ataques y masacres perpetradas en el país son ordenadas por pandilleros, según las autoridades de seguridad.
