Rodas explicó que la CC tiene ahora una “responsabilidad histórica de mantener el Estado de Derecho. Nadie es superior a la Ley, no es una monarquía”, afirmó.
El procurador dijo que la crisis política es provocada por “una decisión de las autoridades que tendrían que dar estabilidad y paz, pero dan todo lo contrario”.
Mientras que Diaz dijo que existe una preocupación de la sociedad civil, puntualmente que el presidente Jimmy Morales este incurriendo en prácticas de desobediencia junto con los ministros que integran el Consejo Nacional de Seguridad.
“Es una situación alarmante, es probable que se presenten más acciones constitucionales, que se retomen las resoluciones del año pasado, pero todo estará en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que deberá determinar si las decisiones que tomo el presidente en este Consejo Nacional de Seguridad están apegadas a derecho, y si no, que se suspenda la decisión adoptada”, dijo Díaz.
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En el documento presentado tan solo horas después de conocerse la decisión presidencial, los amparados señalan que “en la presente solicitud de debida ejecución de amparo, se ordene a las autoridades correspondientes que se permita el ingreso al país del Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señor Iván Velásquez”.
Díaz señaló que se está violando, no solo el convenio que da vida a la Cicig, sino el amparo otorgado el año pasado.
“El comisionado no ha perdido su calidad de diplomático, primero debe ser declarado no grato de acuerdo con la Convención de Viena”, indicó el abogado.
El abogado Alfonso Carrillo también presentó la debida ejecutoria del amparo otorgado el año pasado. Ambas solicitudes buscan que se deje sin efecto la restricción de ingresar al país la jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
También, Helen Mack y Anibal García presentaron un amparo, cada uno con el objetivo que se deje sin efecto la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Cicig.
Apoyos en el Congreso
Mientras grupos representantes de sectores de la sociedad civil sostienen que es ilegal la decisión del presidente, en el Congreso varios diputados de distintas bancadas aseguran que es una medida correcta tomada por el mandatario, quien tiene entre sus funciones el manejo de la política exterior.
Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, recordó que “es el presidente quién maneja la política exterior y es él quien puede tomar la decisión de no prorrogar el mandato de la Cicig y una decisión en materia migratoria”.
“Lo que puedo comentarles es que el presidente está actuando de conformidad de sus facultades legales y constitucionales en ambos temas”, afirmó el congresista de la bancada Todos.
Alejos consideró “que la mayoría de la población está de acuerdo con que se dé por terminado el acuerdo con Cicig” y que Guatemala no tiene por qué aceptar ser el refugio de este tipo de personas”.
Javier Hernández Franco, jefe de la bancada oficial, aseveró que respetan la Constitución y que “si en la Constitución el presidente puede hacerlo no tiene otro comentario qué aportar”.
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Hérnandez Franco, actual secretario general del partido FCN-Nación, dijo desconocer el amparo otorgado por la CC el año pasado, donde se prohíbia al mandatario expulsar al jefe de la Cicig.
Hernández Franco dijo que en esta ocasión el presidente lo que utilizó fue un argumento de seguridad nacional, sin embargo, cuando se le consultó sobre si existía algún riesgo para el país la permanencia del jefe de la Cicig, el diputado evitó responder.
Fernando Linares-Beltranena, subjefe de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN), señaló que es una potestad del Ejecutivo manejar la migración y es distinto de la prohibición que dio la CC para la expulsión de Velásquez.
“Con lo de Migración es un caso aparte y tiene potestad el Ejecutivo. Hay que recordar a todos que hay precedentes, en el tiempo de —Óscar— Berger no dejaron entrar a un pastor de apellido Miranda”, afirmó el parlamentario.
Linares-Beltranena enfatizó que es una facultad del Ejecutivo no dejar entrar a una persona si considera que hay problemas de Seguridad Nacional, y en el caso de Velásquez “hay muchas razones por las que pudo tomar esa decisión”.
Cuándo se le preguntó cuáles son esas razones señaló que una es su intromisión para promover reformas constitucionales y otra fue su intromisión en el Tribunal Supremo Electoral.
Carlos Barreda, subjefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseveró que serán las cortes las que tendrán que determinar si la decisión del presidente “violó alguno de los amparos que se presentaron en cuanto que el presidente no podía expulsar a Iván Velásquez”.
“Serán las cortes las que determinen la legalidad de la nota. Como hemos dicho desde ayer, no compartimos la decisión del presidente de no renovar el mandato de Cicig, esto se tuvo que haber discutido con los operadores de justicia”, aseveró el diputado.
Barreda apuntó sobre la nota con la que se confirmó que no se dejaría entrar al comisionado al país la consideran una decisión imprudente y que crea mayor polarización.
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Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza y miembro del Frente Parlamentario por la Transparencia, aseguró que el Gobierno “debe dar una explicación con los puntos jurídicos que los llevó a tomar esta decisión”.
“En todo caso ahora tendremos que ver las repercusiones que esto traerá a nivel internacional, de los países cooperantes y organizaciones que han apostado al fortalecimiento de la Cicig, habrá que ver cuál será su reacción”, dijo Romero.
Precisó que si bien el Gobierno tiene el derecho de tomar las decisiones que están en ley estas deben ir en beneficio del sistema de Justicia y la institucionalidad del Estado por lo que “en este caso habría que analizar si se da cumplimiento al mandato de Cicig y lo establecido en normas legales”.
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