El interés de la Fiscalía contra Lavado de Dinero es, de acuerdo con la legislación guatemalteca, confiscar los bienes del político petenero que registren ingresos de origen ilícito –sin importar el monto–, mediante el proceso de extinción de dominio. Para ello debe demostrar que Baldizón es el propietario.
A partir del allanamiento a la Casa Praga, Prensa Libre reconstruyó una extensa red de empresas que conectan los negocios en los que participó Baldizón con empresas ahora investigadas por lavado de dinero.
La investigación apunta a tres tipos de empresas relacionadas con la red de Baldizón: las de origen lícito y que producen millonarios ingresos legales, pero tienen nexos con otras usadas para cometer ilícitos; otro grupo de firmas manejado para justificar el financiamiento ilícito de las campañas de Líder y vinculadas con contratistas del Estado y, por último, un conglomerado de empresas de fachada que, se sospecha, eran utilizadas para lavar dinero y colocar bienes a favor del político, como Proyectos Habitacionales Praga, S.A.
El equipo de defensa legal de Baldizón, junto al hijo mayor de este, Jorge Eduardo, aseguran que el origen de los bienes es lícito y que el excandidato presidencial demostrará su procedencia cuando sea trasladado a Guatemala.
También afirman que la Unidad de Extinción de Dominio se ha excedido en sus funciones y ha inmovilizado bienes que no le pertenecían al empresario petenero.
“Los bienes inmovilizados superan por mucho los Q100 millones”, aseguró Jorge Eduardo Baldizón Vargas. El recuento de valores congelados por el Ministerio Público incluye 39 inmuebles, 20 vehículos, 19 piezas prehispánicas y cuentas por Q8.9 millones.
La defensa del expresidenciable afina la estrategia legal para recuperar esas propiedades y para lograrlo debe documentar la procedencia de los bienes, con registros contables, escrituras y contratos de compra-venta, entre otros documentos.
La punta del iceberg
El pasado 21 de enero, cuando se supo que Baldizón había sido aprehendido el día anterior, en Miami, el MP y la Cicig confirmaron la existencia de una orden de captura en su contra por su presunta vinculación con el caso Odebrecht, por lo que Guatemala intentaría extraditarlo. Un día después fue allanada la mansión ubicada en el kilómetro 24.3 de la carretera a El Salvador, asentada en tres fincas que suman alrededor de siete hectáreas de terreno en Villa Canales.
En Casa Praga fueron detenidos Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, guardias de seguridad del inmueble, por el caso Plazas fantasmas en el Registro de la Propiedad, ya que habrían recibido Q270 mil por servicios profesionales inexistentes. Guatecompras también registra que ambos fueron contratados por el Inguat en febrero de 2015, para elaborar los “antecedentes del Parque Nacional del volcán de Pacaya” y cobrar Q24 mil, cada uno.
Al rastrear el historial de estos dos agentes se observa que participaron en una red más amplia de representantes legales, mandatarios y otros cargos directivos en las empresas ligadas a Baldizón.
Valenzuela Mejía, por ejemplo, tiene cargos directivos en tres sociedades anónimas creadas entre 2007 y 2015, con montos que van de Q5 mil a Q30 mil. Estas son Desarrollos Macroindustriales, S. A.; Transportes del Mar Guatemala, S. A.; y Negocios Varios Citadines, S. A.
Solórzano Morales, por su parte, ocupa puestos en Industria Médica Nacional, S. A., y Empresa Regional de Autobuses, S. A., que juntas suman un techo de capital autorizado por Q210 millones.
En estas entidades los cargos se traslapan y unas sirven para formar otras. La primera fue utilizada para aportar Q749 mil de los Q750 mil que forman el valor inicial de Industria Médica Nacional, S. A., el 12 de abril de 2013.
Según registros notariales, la actividad económica de esta empresa es la “fabricación, producción y comercialización de medicamentos, equipo y utensilios hospitalarios”. Esto ocurrió en los años en que Baldizón preparaba su segunda candidatura presidencial.
Los vínculos de Industria Médica Nacional, S. A., no se limitan al entorno de Líder. La firma fue creada con los Q749 mil aportados por Desarrollos Macroindustriales, S. A., constituida el 14 de marzo de 2007 por el actual secretario de Comunicación Social de la Presidencia, José Alfredo Brito Ralón, y Nilton Antonio Rubio Elías, según pudo establecer Prensa Libre con reportes del Registro Mercantil y del Registro Nacional de las Personas.
Cada uno aportó Q2,500 para formar la sociedad. Industria Médica Nacional, S. A., registra a la fecha un capital pagado de Q750 mil y uno autorizado de Q150 millones.
Brito dijo desconocer por qué aparece su nombre en la constitución de Desarrollos Macroindustriales y aseguró que no tiene ninguna relación con Baldizón, aunque confirmó que es su nombre y su número de identificación los que aparecen en la escritura de formación de la empresa. Aseguró que conoce a Rubio como contador personal de su exjefe en el noticiero Noti7 Juan Carlos Lange, pero explicó que ya no tiene ningún contacto con él.
Industria Médica Nacional, S. A fue constituida por la abogada y notaria Lorena Maribel Rosales Estrada de Sandoval quien indicó que no pertenece a ninguna “red”. Afirmó que “los servicios de un Notario consisten en autorizar hechos o actos que le constan o les refieren los otorgantes, y que el hecho de que autoricé una escritura de constitución de sociedad no me hace parte de esa supuesta estructura”. Señala, además, que “desconocía en su momento a los accionistas de dicha entidad -Industria Médica Nacional-, pues dichas personas me fueron referidas por el Licenciado Héctor Antonio Aldana, quien es mi vecino en mí Oficina Profesional, y quién me solicitó el apoyo profesional para la constitución de dicha Sociedad”.
Múltiples vínculos
Las conexiones entre Valenzuela y Solórzano son, además, familiares, y vuelven a relacionarse con el político petenero. Ambos guardias de seguridad son primos. El padre del segundo se llama Carlos Herlindo Solórzano Valenzuela y trabajó como auxiliar administrativo en el Congreso, con la bancada de Líder. También fue candidato a síndico II para la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, por el mismo partido, y fungió como secretario general adjunto IV del partido Corazón Nueva Nación (CNN). Esta agrupación fue cancelada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por considerarla un partido satélite de Líder para justificar gastos de campaña.
Solórzano Valenzuela recibió en el 2009 un arma de 9mm del propio Manuel Baldizón, “para brindarle seguridad a su persona y sus bienes por dos años”, según escritura pública.
Una década más tarde fue integrante de la Fundación Identidad (Fidenti), que en mayo de 2015, durante el proceso electoral, denunció a tres magistrados del TSE por resoluciones presuntamente violatorias a la Constitución al sancionar a la organización y a otros 10 partidos.
Juego de cajas chinas
“Al observar las empresas ligadas a Baldizón encontramos que los testaferros se repiten, que una entidad absorbe a otra, que algunas comparten representantes, mandatarios o fueron constituidas en las mismas direcciones, que una compra a otra, y X le presta servicios o bienes a Y, que luego se los vende a Z. Son como cajas chinas, unas dentro de otras”, señala una fuente que ha participado en algunas fases de las investigaciones.
El rastro documental refuerza esta idea. Al ingresar desde casi cualquier punto de la red a las 41 entidades comerciales analizadas, las más de 50 personas con cargos directivos en ellas o desde la decena de abogados y notarios que participaron en su creación, las conexiones hacia Baldizón se multiplican.
Uno de estos nodos es uno de los abogados de confianza del político, el también petenero Héctor Antonio Aldana Castillo. Este constituyó al menos 10 entidades de la red, entre estas la sociedad anónima Proyectos Habitacionales Praga, a nombre de la cual se encontraba la mansión de la carretera a El Salvador.
La dirección registrada de Transportes del Mar S. A., una de las sociedades representadas por Valenzuela Mejía, de una oficina en la zona 1 capitalina, es también la dirección del bufete del abogado Aldana Castillo.
Este reconoce haber actuado como “abogado de confianza de Baldizón” desde antes de su participación política y, posteriormente, haber ocupado el cargo de secretario de actas del partido, pero asegura que no tiene conocimiento de ilegalidades en las operaciones mercantiles que él registró.
“Él —Baldizón— es un negociante nato, aquí se constituyeron una serie de empresas para él y negocios que gestionaba su esposa, Rosa María, pero desde hace casi tres años no tenemos contacto. Si hubo irregularidades, no las conocemos”, aseguró el profesional del Derecho.
Héctor Antonio y Marvin Giovanni Aldana Azurdia, hijos el abogado, fungieron como representantes de compañías relacionadas con Baldizón. El primero de ellos en Transportes del Mar Guatemala, S. A., y el segundo en las empresas de cable Televida, S. A., y Telesky, S. A., así como la importadora de motocicletas Colocación de Inversiones, S. A.
Estas empresas, además, se relacionan entre sí en una red que encubrió casi la mitad del financiamiento electoral de Líder reportado en las pasadas elecciones, con aportes que suman Q12 millones de los Q33.95 millones registrados, según una investigación del portal Plaza Pública, con base en los registros del Tribunal Supremo Electoral. Dirigentes del extinto partido Líder además fueron investigados por financiamiento electora ilícito.
Rastro de empresas
Héctor Antonio Aldana Azurdia fue candidato a diputado por Líder durante los pasados comicios y fue quien iba a asumir la curul en lugar del diputado Óscar Armando Escribá Morales, debido a que el TSE indicó que existía un antejuicio en contra de este. Sin embargo, un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad impidió que se diera este cambio.
La madre de los hermanos Aldana Azurdia, Anabela del Rosario Azurdia Morales, es gerente y representante legal de Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S.A.
Al seguir este hilo de empresas el patrón se repite: una caja dentro de otra. Empresa de Transporte Moderno Intermunicipal, S. A., y Corporación de Transportes Especiales dan pie en 2011 a la Empresa Regional de Autobuses, S. A. Esta fue creada con un capital pagado de Q50 mil, pero con capacidad para operar por Q60 millones.
De regreso al punto de inicio, esta última tuvo por representante legal a Carlos Gilberto Solórzano Morales, el guardia de seguridad detenido en Casa Praga.
La compañía incluye también al representante legal o directivo más recurrente en las empresas de Manuel Baldizón —y presunto testaferro—: Carlos Roberto Paz Reynoso, quien tiene cargos en 15 de las 41 entidades investigadas.
“No era ilegal”
Aldana Castillo admite el uso de numerosas personas como representantes o constituyentes de empresas cuyo propietario final era Baldizón, pero asegura que no incurrió en ningún delito. Afirma que entregó copia de sus archivos al MP y que no teme ninguna acción en su contra.
“Cuando terminó la campaña de 2015 dejé de llevar negocios para Baldizón y su esposa. Me separé del partido e incluso le entregué a Carlos –Solórzano Valenzuela, padre de Carlos Gilberto— todos los documentos de las empresas que llevamos para Manuel. Desde entonces no tengo contacto. Me invitó a visitarlo en Nicaragua, pero nunca fui”, refirió el jurista.
Al visitar cuatro de las cinco direcciones registradas para las empresas a nombre de los guardias de seguridad, otro patrón se repite: a finales de 2015, luego de la derrota electoral, las oficinas cerraron y sus representantes desaparecieron. La quinta dirección corresponde a una casa particular.
Red de negocios
De acuerdo con Salvador Baldizón, hermano del excandidato presidencial, aunque todos los hermanos recibieron apoyo financiero de sus padres para iniciar sus negocios, pronto cada uno formó su propias empresas.
Aseguró que eso explica por qué sus padres aparecen en algunas de las empresas del expresidenciable, como Balvar, S. A., cuyo nombre cambió a Riedel Group en el 2012, y entre cuyos constituyentes se encuentra Gloria Méndez, madre del político.
A manera de ejemplo se menciona la compraventa efectuada entre empresas del mismo grupo, el 16 de mayo de 2008, según registros notariales.
La compañía Balvar, S. A., por medio de su representante, Pablo Mauricio Yanes Guerra —prófugo por el caso Odebrecht—, vendió por Q180 mil 681 un terreno en la lotificación Casa y Campo, ubicada en Fraijanes, donde residía la familia Baldizón-Vargas. Quien compró fue la entidad Cartera de Créditos S. A., representada por Roselía Díaz Ortiz, quién también ocupó el cargo de gerente general en Cartera de Créditos y en Riedel Group, S. A.
Díaz Ortiz también fue directiva en Sistemas y Proyectos Alternativos de Publicidad, S. A., empresa que aportó Q3 millones a la campaña de Líder en 2015, según registros del TSE.
Figura también como accionista y fundadora de Consorcio de Desarrollo, S. A., firma utilizada en operaciones de compraventa de inmuebles de la red, y fue candidata al Parlamento Centroamericano por Líder, en 2015, y secretaria de la mujer del partido satélite de Líder, Corazón Nueva Nación.
Así es como esta otra decena de transacciones evidencian las conexiones entre sociedades anónimas, propiedades, representantes legales, directivos y notarios en una red que dificulta vincular bienes y propiedades a la fortuna de Manuel Baldizón, cuyos activos congelados superan los Q100 millones y están en investigación por un presunto origen ilícito.
Defensa de Baldizón busca establecer hechos
El equipo legal de la defensa de Manuel Baldizón, junto al hijo de este, Jorge Eduardo Baldizón Vargas, explicaron a Prensa Libre, que buscarán esclarecer los hechos que se le imputan al expresidenciable.
“Primero queremos entender la tesis acusatoria para desvirtuar los hechos que no sean ciertos, aceptar los que sí lo sean y ponerlos en las circunstancias en las que se dieron”, explicó el abogado defensor, con reserva de su nombre hasta la primera declaración del político.
La defensa aclara que no ha iniciado ningún proceso de colaboración con el MP, pero su defendido está dispuesto a reconocer “errores” y, en alguna medida, delitos, aunque no necesariamente los imputados por la Fiscalía.
?La única acusación por ahora contra Baldizón es por el caso Odebrecht, por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y asociación ilícita, recordó el abogado defensor.
En este caso se le acusa de haber recibido US$1.36 millones, de US$3 millones pactados con los directivos de la empresa, en el marco de las negociaciones de sobornos entre Alejandro Sinibaldi y Odebrecht, en febrero de 2013, con la justificación de que Baldizón podía ser el próximo presidente del país.
La defensa plantea al menos tres rutas para reducir la responsabilidad del político.El primer punto es considerar que el delito de cohecho pasivo no aplica para el político, ya que cuando se hizo la supuesta negociación, en el 2013, este no era funcionario público.
Esta línea de defensa, sin embargo, obvia que en ese momento Baldizón era secretario general de Líder y que los partidos políticos son “instituciones de derecho público”, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual habilitaría su inmutación.
La segunda línea de defensa señala que el plazo para declarar la lesividad del contrato de Odebrecht vencía dentro del periodo de gobierno del Partido Patriota, por lo que incluso si Baldizón recibió el dinero no podría haber cancelado el proyecto de llegar a la Presidencia.
El último escenario de defensa contempla que si se admite el ingreso de esos US$1.36 millones y su traslado a cuentas en China, el político podría admitir su uso para “compra de maquinaria” o incluso como financiamiento no reportado al partido, por lo que podría admitir el delito de financiamiento electoral ilícito.
Bienes inmovilizado?s
Jorge Eduardo Baldizón Vargas recalcó que no todos los bienes inmovilizados pertenecen al político petenero y que la amplitud de atribuciones que confiere la Ley de Extinción de Dominio a la Fiscalía ha permitido que se congelen bienes que afectan a terceros.
“Es desproporcional la cantidad de bienes incautados —valorados en más de Q100 millones— frente a los US$1.36 millones de los cuales se le acusa haber recibido. Tiene que existir una proporcionalidad entre el daño cometido y el bien, para garantizar la cobertura del daño que se ha cometido”, afirmó el abogado defensor.
Los representantes del político señalan que algunos de los bienes extinguidos estaban a nombre de empresas como Proyectos Habitacionales Praga, S. A., y otras conexas, lo cual ha bastado a la Fiscalía para decretar su inmovilización.
Conexiones entre Sociedades Anónimas
- La repetición de representantes, por ejemplo, conecta empresas con propiedades ya inmovilizadas por los juzgados de Extinción de Dominio con otras del grupo Baldizón-Vargas.
- Por ejemplo, Estela Maribel Fajardo Asencio figura como representante legal de Grandes Hoteles de Petén, S. A., en un contrato de unificación de inmuebles en Quetzaltenango, en abril de 2013. También ocupó el cargo de gerente general y representante legal de Proyectos Habitacionales Praga, S. A., en mayo de 2012, en el arrendamiento a otra empresa del grupo, Proyectos del Mundo Maya, una oficina en un edificio de la zona 10, por Q100 al mes, durante un año.
Vínculos familiares
- La red también utilizaba conexiones familiares. Así, por ejemplo, la empresa Negocios Varios Citadines, S. A., representada por Valenzuela Mejía, tenía como administrador a Sergio Alejandro Bardales Castroconde, hijastro de Judith Celina Vargas Monroy, medio hermana de Rosa María Vargas Morales, esposa de Manuel Baldizón.
- Además, Bardales Castroconde fue gerente administrativo de Colocación de Inversiones, S. A., compañía de la cual el político petenero fue subgerente administrativo.
- En otro ejemplo, en octubre de 2010, antes de la campaña electoral del 2011, los padres de Baldizón, junto a Ingrid Yacenia Bol Hicho, representante legal de Consorcio de Desarrollo, S. A., formaron la entidad Grandes Hoteles de Petén, S. A., con un capital pagado de Q4.5 millones y autorización para manejar recursos hasta por Q100 millones.
- Dos meses después, en la escritura 93 del notario Carlos Humberto Martínez Ruano, certifica una “donación entre vivos”, mediante la cual el político recibe de su madre dos fincas con un valor de Q45 millones, a través de la compañía Inversiones Saldo, S. A., formada por los padres de Baldizón y cuyo expediente mercantil se encuentra bloqueado por orden judicial. Este tipo de operaciones ha conducido a la inmovilización de bienes relacionados al político.
Rastro documental
- Los vínculos entre actividades comerciales, partidarias y de agrupaciones satélites eran tan estrechos al interior del partido Líder que a menudo una misma persona o su grupo familiar compartía tareas.
- Uno de los mecanismos en investigación, presuntamente utilizados para ocultar el origen de los fondos de las empresas de la red, fue la compraventa de propiedades.
- Constitución de empresas, reportes de financiamiento electoral y contratos de compraventa registrados en el protocolo de notarios son parte de los elementos de esta investigación.
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