De León explicó que los matrimonios registrados han sido “de adolescentes con adolescentes”, contraviniendo el decreto legislativo 13-2017 que elevó hasta los 18 años la edad para contraer matrimonio en el país centroamericano.
Previo a la aprobación del decreto, que modificó varios artículos del Código Civil, en Guatemala era legal el matrimonio con edad cumplida de 16 años. Los cambios se hicieron ante las cifras alarmantes de embarazos en niñas y adolescentes.
El defensor indicó que la mayor cantidad de matrimonios inscritos ocurrió en los departamentos occidentales indígenas de Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, además del central Guatemala donde se ubica la capital.
Agregó que tras los hallazgos presentaron las denuncias ante la fiscalía para investigar a las personas que incumplieron la restricción, que podrían ser funcionarios de gobierno, notarios, ministros de culto y alcaldes municipales que están facultados por la ley para registrar y celebrar matrimonios.
El informe precisó que existe “desconocimiento” por parte de instituciones públicas y juristas, entre otros sectores, sobre la prohibición vigente, por lo que la PDH recomendó realizar campañas de socialización del decreto.
Claudia Maselli, titular adjunta de la Procuraduría, añadió que también existe una preocupación sobre la posibilidad de un subregistro de casos bajo la modalidad de unión de hecho.
De acuerdo con el no gubernamental Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), entre enero y setiembre pasados 1 mil 816 menores entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres, al igual que otras 62 mil 229 de entre 15 y 19 años.
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