Samayoa dice que aunque se mantuvo la reducción de la tasa de homicidios, este es un proceso que se mantiene desde el 2008-2009; sin embargo, resalta que la percepción de inseguridad aumentó entre los “ciudadanos de a pie”, quienes todos los días sienten temor en las calles y cuando hacen uso del servicio de transporte.
A criterio de Samayoa, los avances se detuvieron porque se rompió la cadena policial, “lo cual golpeó muy fuerte a la institución” porque significó el rompimiento de sus unidades técnicas y tácticas. “No continuaron con el plan de reestructuración operativa que la PNC estaba desarrollando a futuro”.
El abogado resalta como algo positivo que las autoridades del Ministerio de Gobernación hayan retirado desde el 2018 al Ejército de las calles, cumpliendo tareas de seguridad pública.
“Esto es positivo, porque se supone que esos recursos económicos pasarían a la PNC para fortalecerla, cumplir con su función de seguridad democrática y los militares se dedicaran a la tarea de defender el territorio”, que es su función constitucional.
Falta de continuidad
El experto en Seguridad Pública, Julio Rivera Clavería, dice que si bien el número de asesinatos ha venido a la baja desde hace varios años y en la actualidad la tasa es de 32 por cada cien mil habitantes, las extorsiones han provocado muchos más asesinatos “por lo que el fenómeno criminal de las maras necesita un tratamiento especial”.
Según datos de la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión, hasta el 15 de noviembre de 2019 había recibido seis mil 176 denuncias de extorsión y había tramitado 757 ordenes de aprehensión. Asimismo, se detectó que el 47 por ciento de las llamadas para cometer este delito salieron de la Granja de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango.
“Ellos, -los pandilleros- matan más gente y de manera cruel y sanguinaria e impresionante, no obstante, no existe un plan sostenido a largo plazo para atacar este problema porque todo parte de cada periodo ministerial y durante este lapso se hace lo que más le interesa al Ministro de Gobernación o al director de la PNC”, afirma Rivera Clavería, quien fue viceministro de Gobernación y director del Sistema Penitenciario en la década de 1980.
El exfuncionario asevera que otro problema que contribuye a mantener la inseguridad es que no se existe una “estrecha relación” con el Ministerio Público (MP) lo cual cataloga como un problema de fondo porque al “MP dirige la investigación criminal y la PNC debería de ser su brazo operativo y quien debe prevenir el delito”.
“Lo que desgraciadamente sucede es que cada vez que llega un nuevo Presidente efectúa muchos cambios y como parte de eso, también se van los que forman, entre otros la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y llega otro montón de gente que no está preparada y cuando ya lo lograron se deben ir porque se terminaron los cuatro años”, ejemplifica Rivera Clavería, quien considera que solo deben cambiarse los funcionarios de alto nivel.
El experto en seguridad afirma que el próximo Gobierno debe comprender la importancia que tiene la selección de los cuadros de la Dirección General de la PNC, especialmente el cargo de director. “Hay que revisar a fondo a quienes se selecciona y se les debe hacer la prueba del polígrafo, investigaciones socioeconómicas y conocer sus relaciones interpersonales”.
A criterio de Rivera Clavería también se debe fortalecer la Inspectoría General de la PNC para que investigue a lo interno al personal y la designación del Inspector no la debe efectuar el director de la Policía sino resultado de una propuesta que al menos cuatro comisarios hagan al Ministro, para que no haya nexos y puedan hacer su trabajo con imparcialidad.
En cuanto a los logros de la actual administración de cuatro años, Rivera Clavería dice que el mayor fue que logro mantener el rango de delitos contra la vida que se habían mantenido, es decir que, que han ido a la baja, “lo cual que no sucedió con otro tipo de hechos como las extorsiones y el robo de vehículos que son otros delitos que afectan la economía familiar y general”.
Rivera Clavería considera que la PNC no fue desarticulada como algunos sectores aseguran, pues “nadie es indispensable en un cargo” y los relevos siempre se registran cuando llega un nuevo ministro, incluso, efectúan “ascensos a dedo y sin el tiempo establecido”. “Por eso es importante la reforma a la Ley Orgánica de la PNC para que asciendan a los cuadros altos aquellos que llenen los requisitos”.
El narcotráfico
La doctora en Criminología y exviceministra de Gobernación, Ilsa Álvarez, opina que uno de los “principales flagelos” que se manifestó durante estos cuatro años de gobierno fue el narcotráfico, el cual salió a relucir durante el último año por el número de aeronaves localizadas y los cargamentos incautados.
La exviceministra dice que otro de los problemas que no resolvió el actual gobierno fue lo que corresponde al Sistema Penitenciario, pues sus instalaciones son deficientes e insuficientes para atender a los más de 25 mil privados de libertad que actualmente guardan prisión y que al menos la mitad no tiene sentencia.
Considera que uno de los logros de este Gobierno es que evitó varias fugas masivas cuando descubrió varios túneles que los reos estaban perforando, “lo cual significa que tienen un sistema eficiente de inteligencia, porque lograron detener estos hechos, aunque no haya dicho quiénes fueron los responsables”.
La experta asevera que el gobierno de Giammattei debe poner mucha atención a la Academia de la PNC y la Escuela de Estudios Penitenciarios Guardia Penitenciaria, las cuales deben ser reforzadas.
En cuanto a la cantidad de extorsiones, Álvarez dice que no cree que hayan aumentado, sino que fueron atacadas de manera positiva en las calles y también dentro de las cárceles que es de donde sale la mayor cantidad de llamadas con este objetivo. “La gente tiene confianza en denunciar porque saben que los capturan”.
La criminalista confía en que Giammattei efectúe mejoras en el Sistema Penitenciario, pues fue director de esta institución y durante esos años se aprobó la Ley de Régimen que es “una ley progresiva y moderna, pero que ya pasaron los 10 años que citaba ese estamento y como no hubo dinero no se construyeron las cárceles de máxima, mínima y mediana seguridad”.
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