Los intentos del PactoDeCorruptos en su plan anti-Cicig incluyen reformar la Ley de Antejuicios. La iniciativa 5300 pretende eliminar el filtro que hoy hace la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a las solicitudes de antejuicio y que el Congreso tenga potestad absoluta para decidir al respecto. Aprobar esta iniciativa rompería el sistema de pesos y contrapesos que debe haber entre los órganos del Estado, amenazando la esencia de un Estado republicano democrático que aún muchos aspiramos a construir. Peor aún, con esta medida, el Congreso tendría en sus manos una poderosa herramienta de intimidación contra quienes se opongan a los intereses de la narcocleptocracia y sus patrones. En esta coyuntura, el blanco inmediato serían los magistrados de la CC que no son afines al Pacto, pues de esta corte depende defender nuestra institucionalidad y calificar el proceder de Jimmy Morales contra la Cicig y el comisionado Velásquez, pero podría aplicarse en cualquier momento a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los de la Corte Suprema de Justicia, a jueces, ministros, secretarios y todo funcionario que goce de este derecho que no se pliegue a sus designios. El siguiente paso puede ser fácilmente restringir nuestros derechos civiles y políticos y revivir procesos de represión y violencia contra la población.

Se suma la decisión de Jimmy Morales de no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país, así como de no renovar la permanencia de la Cicig luego del 2019, y los claros intentos de intimidación a la población con el despliegue militar de la semana pasada. Con sus decisiones, Jimmy Morales también estaría incurriendo en desobedecer a la Corte de Constitucionalidad, pues el año pasado la CC instruyó a que el trabajo de la Cicig no debía ser obstruido por el gobierno, en cumplimiento al convenio existente entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. Por si no fuera poco, la Cancillería, en un claro desafío a la Corte, “sigue evaluando” si renueva las visas de los funcionarios de Cicig.

Con estas acciones, tanto el Congreso como Morales, funcionarios, las huestes militares, religiosas y del sector económico que aún los respaldan están llevando al país al filo de un golpe de Estado técnico. La ciudadanía está manifestando su claro rechazo a estas acciones: las movilizaciones de esta semana, los pronunciamientos públicos de innumerables personas, organizaciones e instituciones demuestran el espíritu de una población que ya no tolerará que hagan lo que se les da la gana; resistimos pacíficamente para lograr un país donde podamos tener auténtica justicia y legalidad; un Estado donde nuestros impuestos sirvan para el bien común, no para engordar caletas.

La coyuntura geopolítica ha abierto una oportunidad para que comencemos a liberarnos de lo que ata al país al hambre, la ignorancia, la violencia, la exclusión y la discriminación. Donde realicemos nuestro derecho a no migrar por causas porque no hay opciones. A fin de cuentas, no olviden que detrás de la crisis política hay un modelo económico y social que ya no da para más y que es lo que están defendiendo. Uno que se nutre de la exclusión, de la ignorancia, de la justicia cooptada, de la desigualdad extrema, del miedo al que piensa diferente y que infunde temor, trampa y violencia para que nada cambie.

Patria del criollo; patria liberal cafetalera; patria contrainsurgente, y ahora, patria corrompida: todas han sido y son la patria del despojo. La que depredan unos cuantos y condena a los demás.

¡Esa patria tiene que acabar! ¡Que pase por fin a los anales de la historia! Es la hora de formar la patria incluyente, una patria para todos.