Esto es 16% mayor al límite de gastos vigente para 2018. Como se ha vuelto costumbre, los ingresos esperados para el próximo año aumentan a menor ritmo que el de los gastos, 11% en el mejor de los casos.
Significa que se ha programado también un mayor nivel de deuda pública. Tratándose de un año electoral, no extraña el interés por elevar el gasto, a pesar de que hasta el momento persisten las ausencias de muestras relevantes de mejoras en la calidad y transparencia en el uso de los recursos.
Los distintos casos de compras sobrevaloradas con ocasión de la emergencia por la erupción del volcán de Fuego son un ejemplo claro.
Por el lado de los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos, se ha adoptado también como regular la práctica de sobreestimarlos para justificar el mayor monto de gastos que se busca realizar.
Desde 2012, cuando estaba en discusión el presupuesto para 2013, se inició con este artificio que busca ocultar la realidad de la fragilidad fiscal del país.
Esto ocurrió al mismo tiempo que se hacían los preparativos para relevar a las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y así echar a andar la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.
En 2017, los ingresos fiscales aumentaron 4.8% respecto de 2016, lo cual fue insuficiente para alcanzar la meta de recaudación establecida, y ello dio lugar al reemplazo del superintendente de la SAT.
Este año, al mes de julio, la captación de tributos ha aumentado solamente 3.4% en comparación con lo percibido 12 meses atrás.
Por ello resulta casi inalcanzable la meta fijada para 2019, cuando se proyecta un incremento de 11%, lo que equivale a triplicar el dinamismo registrado al momento.
La principal causa del deterioro de los ingresos fiscales de Guatemala es la red de defraudación aduanera La Línea, que inició sus operaciones en 2013 y profundizó el control de estas redes de crimen organizado, las cuales mantienen el control de puertos y aduanas del país.
El IVA que se cobra a las importaciones se redujo de un equivalente de 3.2% del PIB, en 2012, a 2.4% del PIB, en 2017, es decir una reducción de 25% en su aporte a la recaudación.
Recuperar estos ingresos requiere no solamente esfuerzos de la entidad recaudadora, sino un efectivo combate de las redes criminales a cargo del contrabando y la defraudación.
Si no se revierte esta situación, será cada vez más ilusoria la meta de ingresos que se incluya en el presupuesto.
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