El país ha dado un paso más en la ampliación de sus frentes, al incluir a la diplomacia de Estados Unidos en la lista de desacuerdos, o por lo menos de quienes poco tendrían que decir sobre el convenio que podría prolongar la permanencia o el fin de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Aunque el representante guatemalteco ante las Naciones Unidas, Jorge Skinner Klée, reconoce que Estados Unidos tiene una gran influencia sobre las decisiones que se toman en Guatemala, aclara que ese país no tiene nada que ver con ese acuerdo, con lo que se refuerza el mensaje sobre la soberanía nacional, que una vez más estará a prueba en los próximos meses.

La postura del diplomático guatemalteco coincide con lo expresado por otros funcionarios en esa dirección, pero también resulta coincidente con otras acciones cada vez más preocupantes por parte del Gobierno, y es extender el espectro de potenciales o supuestos opositores, al cual aludían los obispos guatemaltecos en su más reciente comunicado, de observar con atención esas acciones, condenar el uso de la fuerza y, sobre todo, evitar caer en las provocaciones ocultas.

Queda claro que la lucha contra la corrupción ha tocado fibras sensibles en distintos sectores de poder y eso explicaría no solo cierta resistencia a los cambios, sino el despliegue de recursos para apuntalar un sistema demasiado erosionado, cuya penuria se acrecienta con una parálisis gubernamental en muchas dependencias.

A eso se reduce el forcejeo que los principales asesores del mandatario mantienen con casi todos los sectores, en su afán por maniatar el avance de la justicia, entorpecer cualquier investigación y fortalecer un pacto en favor de la corrupción y la impunidad, lo cual ha provocado un generalizado sentimiento de indignación en la ciudadanía.

El virtual enclaustramiento gubernamental tras escudos policiales y militares se explica entonces ante la imposibilidad o la falta de voluntad para tender canales de comunicación con diferentes sectores y por lo cual resulta preocupante la postura asumida por quienes deben proteger al mandatario y han llevado demasiado lejos el cerco de seguridad o la ofensiva con un discurso confrontativo, lo que ha deteriorado la imagen del país en el exterior.

La intencionalidad que perciben los obispos en el derroche de fuerza debe ser atendida con serenidad, porque de ser una estrategia oficialista podría ser muy lamentable para todos, porque es sabido cómo se inicia una crisis, pero resulta difícil predecir, aun para sus promotores, cómo podrían terminar mayores muestras de descontento, como también se demostró esta semana con múltiples manifestaciones de rechazo.

Más temprano que tarde se ratificará también que buena parte de la problemática nacional está muy alejada del funcionamiento de la Cicig o del comisionado Iván Velásquez, y que son flagelos e intereses con raíces más profundas los desencadenantes de un generalizado malestar, el cual se ha exacerbado ante la sospechosa actitud en favor de la impunidad del sector gubernamental, cuyo mayor yerro es no plantear acciones alternativas convincentes para fortalecer la institucionalidad.