La semana pasada, Jimmy Morales, expresó que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) es “una universidad carísima”. Esta vez su superficialidad y limitada capacidad para tratar la realidad le valió que el Consejo Superior Universitario lo declarara non grato, a él y a Jafeth Cabrera, su vicepresidente y ex rector de la Usac.

Afortunadamente, lo asignado a esta casa de estudios está establecido en la Constitución de la República (Artículo 84), y no depende de la inteligencia y la razón de quien gobierne. Por otro lado, el mensaje de Morales alentó la discusión sobre el impacto de nuestra universidad en la vida social y política del país: los estudiantes y profesionales de la Usac son la fuerza impulsora del sector público, privado y social de Guatemala. La Usac por mucho es la mayor formadora de profesionales, quienes sin esta opción no tendrían la oportunidad de estudiar. Yo me cuento entre ellos.

Sobre su financiamiento público, toca reconocer que los recursos que llegan a la universidad, en su mayoría han sido aportados por personas que ni siquiera han aprendido a leer y a escribir y que seguramente pasan hambre muchas noches, porque en este país, el que menos tiene es el que más paga impuestos. Los que más tienen pagan pocos tributos, tienen privilegios fiscales y si de dar dinero se trata, prefieren darlo ilícitamente a los partidos políticos. Por aquellos que aportan a nuestra “U”, es que es valioso tener conciencia política. Se estudia y se trabaja para transformar la realidad y lograr avances que nos encaminen a la democracia política y económica.

Al revisar el Proyecto de Presupuesto para 2019, resulta que nuestra Usac contará con Q2,013.6 millones, con un incremento de 13.9% con respecto a 2018. Poco para todo lo que queda por hacer. Al continuar revisando dicho proyecto, se puede advertir los siete elementos realmente carísimos que contiene. Primero, al ministerio de la Defensa Nacional se le están asignando Q2,372.0 millones, 24% más de lo asignado en 2018. No cabe duda que Morales prefiere más soldados que estudiantes. Segundo, para la Seguridad presidencial y vicepresidencial, se están asignando Q178.6 millones. Tercero, para los cada vez más vergonzosos Servicios de política exterior, se asignan Q219.2 millones. Cuarto, para financiar los cada vez menos democráticos Servicios de Inteligencia Civil e Inteligencia Estratégica, se tienen Q122.0 millones. Quinto, en el ministerio de Economía, se asignarán Q3.3 millones para ayudar a empresas de maquila y zonas francas a que califiquen y sean exoneradas del pago de impuestos: dinero puesto por contribuyentes para que algunos accedan a privilegios fiscales. Sexto, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda será de Q6,581.4 millones, con un incremento de 57%, con respecto a 2018. Una maña típica en un año electoral. Séptimo, el Congreso de la República contará con Q735.4 millones. Salvo algunos pocos diputados que trabajan por Guatemala, la gran mayoría continuará con estos fondos dando vida al Pacto de corruptos.

Pero lo más caro para cualquier nación es tener “dignatarios” y funcionarios que aprovechándose del poder público osan poner sus particulares intereses antes del bien común. Carísimo nos ha salido un sistema de gobierno impulsado por unos pocos para garantizar su riqueza e impunidad, que desoye la angustia cotidiana del que no tiene empleo, del que está enfermo o desnutrido, del que vive inseguro, del que migra forzosamente.

Carísimo para la democracia está siendo el sórdido gobierno de Morales.

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