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Las autoridades han decomisado en las últimas horas cinco armas de fuego, calibre 9 milímetros, las que supuestamente fueron utilizadas por los presos en el penal.
La matanza se registra dos días después de que una junta interventora de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) tomara el control del sistema penitenciario por orden el poder Ejecutivo para garantizar el correcto funcionamiento de los presidios.
Reyerta debe llamar la atención de autoridades
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamentó la matanza en el penal y se preguntó “cómo introdujeron armas y tantas municiones” a la cárcel.
“Para dispararle a 18 personas que mataron y a 16 que quedaron heridos, es decir a 34 personas, se usaron instrumentos de lesión: arma de fuego”, enfatizó Ayestas.
Señaló que este hecho debe “llamar poderosamente la atención” de las autoridades pues el decreto ejecutivo ordena que la junta debe tomar el control total del sistema penitenciario a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, pero lo están haciendo de manera paulatina.
“Es realmente una catástrofe para las familias que creen que en las cárceles va a estar seguros o con vida sus familiares”, subrayó Ayestas.
“Violación a Derechos Humanos”
Lamentó además que el Estado no “resguarda” la vida de los reclusos en el sistema penitenciario, que alberga a unos 22 mil presos, cuando su capacidad máxima es de 8 mil, y menos de la mitad de los presos han sido sentenciados.
Las autoridades deben “analizar porque y para quién va el mensaje, quien era el objetivo o porque se inicia la discusión en la que terminan tantas personas muertas”, añadió.
La matanza supone una “violación a derecho humanos porque las personas que murieron (en el penal) quizás no tenían algo con que defenderse”, enfatizó la directora del Observatorio de la Violencia.
Las cárceles son “para pagar un delito, decirle a la sociedad yo hice esto, estoy resarciendo el daño por ese delito, pero cuando no se le garantizará el mínimo derecho, el de la vida, se vuelve un problema porque esto nos pone en la acera mundial como un país que en las prisiones ocurren muchas muertes violentas”.
Infiltración del crimen
Diversos organismos de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.
Los responsables de los hechos violentos en las cárceles son “las Fuerzas Armadas, la Policía, gente de alta cúpula que se vinculó con el crimen organizado y las drogas”, dijo Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos.
“No se puede creer que la Policía y las Fuerzas va a controlar (las cárceles) porque ya han estado en el control de los anillos de seguridad (de los presidios) y siempre ha estado ingresando armas, drogas, celulares y otros tipos de artefactos que están alimentando la corrupción, violencia e impunidad en los centros carcelarios”, enfatizó del Cid.
Cárcel controlada
El portavoz de la Fusina, José Coello, dijo a periodistas que los militares y policías han retomado el control de la cárcel, la cual hasta ahora no ha sido intervenida por la junta nombrada el martes por el poder Ejecutivo.
Hasta el momento se desconoce el motivo de la revuelta y las autoridades de la Fusina han indicado que están a la espera de “un informe más específico” al respecto.
Después de la reyerta varias decenas de familiares aguardaban frente al penal en espera de información, una situación que se tornó dramática por los gritos y llanto desgarrador de muchas personas.
Coello indicó que las autoridades penitenciarias continúan este sábado con las “operaciones de requisa” en los diferentes módulos de la cárcel de Tela para confirmar si hay más armas de fuego.
La junta interventora informó hoy de la suspensión temporal del director de la cárcel de Tela, cuya identidad no fue revelada “por razones de seguridad”, debido a la investigación iniciada por las autoridades.
La portavoz del Instituto Penitenciario, Digna Aguilar, dijo a periodistas que la junta interventora decidió además enviar un “continente de agentes penitenciario para reforzar la seguridad” del presidio.
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