Ambos serían colaboradores políticos del excandidato a la Presidencia. Son señalados de lavado de dinero y asociación ilícita, pero a Chacón se le acusa también de falsedad ideológica.
Al momento de su captura, Chacón Yurrita dijo ser un abogado corporativo que había hecho operaciones notariales para Baldizón.
Según la imputación del Ministerio Público, Baldizón habría delegado en el abogado la apertura de cuentas a nombre de sociedades formadas fuera del país y la coordinación de pagos de la constructora Odebrecht.
Chacón Yurrita habría actuado en el marco de una negociación entre la empresa brasileña y funcionarios locales y políticos, entre quienes se encontraría en ese entonces el presidenciable del partido Líder, por el contrato de la ampliación de la ruta CA2 Occidente, por US$399.4 millones.
El testigo brasileño utilizado por la Fiscalía indicó que conoció al notario en las oficinas de Regal Group, una de las empresas de Baldizón, y que después, junto con un directivo de Meinl Bank, con sede en el paraíso fiscal Antigua y Barbuda, coordinaron la apertura de las cuentas para recibir el dinero de Odebrecht.
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“Diego me dijo que abrió la cuenta a nombre de American Legal Advisor Corp. En junio de 2014, Baldizón me pidió que depositara US$100 mil en una cuenta en Panamá, a nombre de Rentamos Ltd”, testificó un directivo de la constructora brasileña.
Rentamos Ltd. vuelve a conducir a Baldizón. Es una entidad constituida en las Islas Vírgenes Británicas y facultó a Lubia Edith Catalán Espinoza, según un poder general suscrito en Panamá el 24 de febrero de 2011, para ejercer la representación en toda operación comercial.
Catalán Espinoza no es desconocida en la red de empresas ligadas a Baldizón, ya que fungió como subgerente general de la empresa de cable Telesky, S.A., según un nombramiento registrado el 1 de septiembre de 2016 y vigente, según pudo confirmar Prensa Libre, al menos hasta el 2 de abril de este año.
Telesky, S.A., donó Q2.8 millones a la campaña del partido Líder en 2015.
La firma fue parte de una red más amplia de empresas que registraron Q12 millones de los Q33.95 millones reportados por Líder al Tribunal Supremo Electoral en los pasados comicios.
La protocolización del poder general otorgado a Catalán Espinoza, que le permite, entre otras atribuciones, abrir cuentas a nombre de la empresa en cualquier banco, estuvo a cargo del notario Chacón Yurrita.
El equipo legal de Baldizón no niega que este notario haya efectuado operaciones para el político petenero; sin embargo, señala que “fue parte de su labor como abogado mercantilista”.
La trama Odebrecht
El caso de sobornos de la constructora Norberto Odebrecht fue revelado luego de que en Brasil se emprendió la mayor investigación por corrupción.
El caso llevó el nombre Lava Jato y salió a luz pública en 2014. En este la fiscalía brasileña investigó a la petrolera estatal Petrobrás por el cobro de comisiones a empresas contratistas, entre estas la constructora Norberto Odebrecht.
A raíz de esta indagación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició su propia investigación, ya que la compañía llevó a cabo algunas de estas operaciones desde Miami, Florida.
En diciembre de 2016, la empresa reconoció su culpabilidad ante un tribunal federal en Estados Unidos, por el pago de sobornos en 12 países, a travás de su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, por un monto de US$788 millones, a cambio de contratos públicos.
Entre estos países se encontraba Guatemala, donde los directivos admitieron el pago de US$18 millones en sobornos.
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El 13 de diciembre de 2016, Emilio Odebrecht, hijo del fundador de la compañía, indicó en su testimonio ante la Procuraduría General de Brasil que brindar “ayuda” a los políticos era lo que se tenía que hacer para conseguir contratos, y que si se querían los mejores proyectos había que financiar en secreto sus campañas. “Todo esto que sucedía era normal, institucionalizado”, cita la revista Bloomberg, sobre esa audiencia.
En Guatemala, la investigación parte de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Esta ya contaba con información que vinculaba al ministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, con Odebrecht, a partir del caso Corrupción y Construcción.
Sin embargo, la ampliaron luego de la colaboración con las autoridades brasileñas.
¿Por qué Baldizón?
En la imputación contra Baldizón el testimonio del directivo brasileño señaló que se hicieron los pagos porque este podía llegar a ser el próximo presidente de Guatemala.
La anuencia de Sinibaldi para permitirle participar en el negocio también podría tener otra motivación.
Tal y como señala la defensa del político, la bancada de Líder no votó por el préstamo que asignó los fondos para la obra, y es más, el entonces jefe de ese bloque, Roberto Villate, denunció públicamente el pago de sobornos por los votos en el Congreso.
Sin embargo, como recuerda una fuente legislativa bajo confidencialidad, la coacción era una de las formas de operar de Baldizón, a través de su bancada.
“Por ejemplo, el caso TCQ —usufructo oneroso en el Puerto Quetzal, por el que se juzga al expresidente Otto Pérez— también fue denunciado originalmente por el bloque del cancelado partido Líder, en 2013. Él operaba así, primero amenazaba y luego negociaba”, señala la fuente.
De hecho, el 17 de mayo de 2013, Líder, por medio del diputado Villate, recibió un amparo provisional para que el presidente Pérez Molina se pronunciara sobre la lesividad del usufructo a TCQ.
El testimonio del directivo brasileño apunta a un intento de presión de parte del político. Asegura que el notario de Baldizón, Diego Chacón, “llamó una o dos veces más para que Odebrecht comprara máquinas chinas de una empresa de la que era representante, para ponerlas a trabajar en el proyecto (…) No accedimos, pues debíamos exportar todo desde Brasil (…) Además, no me pareció bueno, pues ya todos sabían que esa empresa era de él”.
Una investigación de la revista Contrapoder, en abril de 2016, señaló las operaciones de importación de maquinaria china del expresidenciable. El reportaje, El penúltimo negocio de Manuel Baldizón, lo señala de haber constituido una red de empresas para acaparar contratos de construcción por Q79 millones.
La publicación destaca como una pieza de esta operación a la Empresa Transnacional de Construcción, S.A. (Emtrac), una filial para Centroamérica del fabricante de excavadoras Liu Gong.
Emtrac, según pudo constatar Prensa Libre, fue conformada con una sociedad anónima local, Rentamos S.A., y dos entidades extranjeras, Ivers Trade Inc y Conasa Capital Managers Inc.
Estas conducen de nuevo hacia el político petenero y a una de sus propiedades, Casa Praga.
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Emtrac tiene como accionista constituyente a Julio Antonio Yool Tay, quien también tiene un mandato registrado en Panamá para representar a Conasa Capital Managers.
Yool Tay también constituyó la Empresa Regional de Autobuses, la cual donó Q4 millones a la campaña de Líder en 2015, según registros del TSE, y cuyo representante legal fue Carlos Gilberto Solórzano Morales, el guardia capturado en Casa Praga.
Otro de los aprehendidos por el caso Odebrecht, Antillón Klussman, obtuvo la representación de la empresa Ivers Trade Inc. en un poder general registrado en Panamá en 2012.
Uso de offshore y S.A.
El entramado de sociedades anónimas, registro de entidades de plaza y mandatos a terceros para efectuar operaciones a nombre de empresas en el extranjero apunta a un esquema “sumamente sofisticado” para el traslado de fondos, señala Edie Cux, coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac), de Acción Ciudadana.
Una de las particularidades de la red es que incluye empresas registradas localmente como sociedades anónimas, las cuales fueron formadas por otras fuera de plaza.
Este es el caso de Constructoras en Consortium S.A., otra de las empresas de la red, la cual tiene entre sus constituyentes a Rentamos Ltd, compañía que, según la imputación del MP, recibió US$100 mil de Odebrecht en sus cuentas en Panamá.
Esto, señaló Cux, posibilitaría que los activos depositados a nombre de la firma local fueran luego operados por la empresa en el extranjero.
En la ruta contraria este esquema podría ayudar a la red a traer de regreso activos al país. Constructoras en Consortium, S.A., además facultó a otra entidad panameña, Galaxy Garden Corporation, para adquirir acciones hasta por Q16 millones de la misma.
Las investigaciones sobre la ruta del dinero del caso Odebrecht apenas empiezan y podrían apuntar a otros actores.
Rastro de papel
Los vínculos entre transacciones y empresas que conectan a Baldizón con el caso Odebrecht arrancan con cuentas de la compañía en Viena, Austria, y llegan a Panamá y China a través de varias entidades establecidas fuera de plaza —off shore—.
Los indicios documentales incluyen la constitución de empresas en los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall, por medio de intermediarios de la red, y la apertura de cuentas en Antigua y Barbuda, Panamá y China. Este último país un destino de Baldizón en la compra de maquinaria de construcción.
“Puede ser aporte a Líder”
Entre las tesis de los encargados de la defensa legal de Baldizón consultados por Prensa Libre se afirma que, de admitirse la entrega de “apoyos” en forma de dinero por parte de Odebrecht al excandidato presidencial, estos puedan considerarse un “financiamiento electoral ilícito al partido”, un delito que actualmente tiene una pena de cuatro a 12 años de cárcel inconmutables, pero sobre el cual el Congreso discute una reforma que podría cambiar la condena por el pago de una multa.
“El mismo testigo brasileño de la Fiscalía dice que se le apoyó porque él iba a ser el próximo presidente. Dentro de este contexto se desvirtúa el delito de asociación ilícita, ya que dice que es para apoyar a un candidato, no dice que se esté asociando para defraudar al Estado”, comentó el abogado defensor de Baldizón, quien pidió omitir su nombre hasta la primera audiencia de su defendido.
El delito de asociación ilícita tiene actualmente una pena de seis a ocho años de prisión.
De igual forma, en la imputación por lavado de dinero el jurista señala que es posible desvirtuar la acusación, ya que la Fiscalía debe demostrar, “para tener clara la juridicidad del acto”, que el acusado sabía que los recursos provenían de cometer un delito.
“Esto solo lo han inferido de testimonios que están elevando al nivel de una escucha telefónica, al dar por hecho el conocimiento”, dijo el abogado.
El defensor planteó, además, la teoría del iter criminis, que significa el “camino del delito” y sigue la idea del criminal desde que se concibe el delito hasta que se comete.
“La lógica nos dice que el delincuente no va a planear un hecho para que lo capturen. Manuel Baldizón pudo haberles dicho que le dieran el dinero en efectivo, y no podría haber un rastro. Él es un doctor en Derecho, si el objetivo era asociarse con un grupo de personas para cometer un hecho delictivo nunca hubiera dejado huellas o pistas para que usted lo pueda seguir”, señaló el abogado.
Momentos claves
La rehabilitación de la ruta CA-2 Occidente, que dio pie al caso.
- 2011, diciembre: se concreta la primera reunión entre directivos de Odebrecht y el futuro ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
- 2012, octubre: el Congreso aprueba de urgencia nacional los préstamos para la obra.
- 2013, mayo: Odebrecht recibe los primeros pagos e inicia las transferencias ilícitas a Sinibaldi y Arturo Batres. En junio comienza la ejecución de la obra.
- 2014, marzo: continúan los desembolsos a la constructora. A partir de junio empiezan las transferencias a Baldizón.
- 2015, septiembre: se registra el último desembolso a Baldizón por US$900 mil, a una empresa en China.
- 2015, septiembre: tras la derrota electoral, Baldizón no recibe más transferencias. Estas suman US$1.36 millones de los US$3 millones acordados.
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