Asimismo, el MP solicitó una pena de 14 años para Edvin Francisco Ramos Soberanis, exdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), por los delitos de fraude e incumplimiento de deberes.
En el caso del empresario vinculado a M. Tarcic Engineering Limited, Hugo Rodolfo Roitman, el ente investigador solicitó una pena de 22 años por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
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Para Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova se pidió una pena de 14 años por asociación Ilícita y fraude.
La fiscalía solicitó siete años de prisión para Marilyn Anabella Sosa Azurdia y Rubén Estuardo Torres Anleu por el delito de cohecho pasivo.
Para Juan Eddy Díaz Sandoval, se pidió una pena de 23 años por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Así también, se solicitó siete años de cárcel para Sergio Alejandro Marroquín Vivar, por cohecho activo.
La fiscalía pidió para Allan Franco de León, Lizbeth María Alonzo Azurdia y Sandra Ninet García España penas de entre 14 y 16 años por los delitos de asociación ilícita y fraude.
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Quiso bloquear a la Cicig
Un abogado defensor, Gustavo González, pidió al Tribunal no atender las conclusiones de Luis Gaitán Arana, representante de la Cicig en el juicio, con el argumento de que Guatemala no renovará el mandato de la comisión, el comisionado Iván Velásquez está fuera del territorio y su retorno es incierto, pero los jueces lo rechazaron.
El caso
De acuerdo con la acusación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), una organización criminal operó dentro de instituciones estatales claves, así como en empresas creadas con el objetivo de obtener de forma ilícita la concesión del proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán, y de esta manera agenciarse de un beneficio económico.
Dicho proyecto estaba a cargo de AMSA, por lo cual el Estado debía pagar a M. Tarcic Engineering Limited Q137.8 millones. De estos, solamente se pagaron Los Q20.7 millones, los cuales terminaron en las cuentas bancarias de un conglomerado de empresas y personas particulares, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).
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